"Fui a la Embajada de Israel para preguntar si tenían alguna duda respecto de que Palacios pudiera haber encubierto o pudiera tener algo que ver con el atentado. Me respondieron que de ninguna manera, que Palacios era un amigo de Israel", decía el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el 23 de agosto de 2010, cuando fue interpelado en la Legislatura por la designación al frente de la Policía Metropolitana del ex comisario Jorge "Fino" Palacios. Era el momento de ebullición del escándalo por las escuchas ilegales a uno de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. El 2 de julio de 2009, Macri había firmado su designación al frente de la policía de proximidad luego de, según afirmó, haber pedido consejo a las embajadas de Estados Unidos, de Israel, a la CIA, a la DEA y al Mossad. Las representaciones diplomáticas lo negaron. Casi dos meses duró Palacios en el cargo: debió renunciar por la presión. El 1º de octubre de ese año –menos de 30 días después de su alejamiento– fue procesado por encubrir la investigación de la pista siria, tras una supuesta orden del ex presidente Carlos Menem, causa por la que está en el banquillo. El 17 de noviembre de ese mismo año quedó detenido como responsable de las pinchaduras ilegales.  

Según consignó Tiempo Argentino, era el 1 de agosto de 1994 cuando una comisión policial se apostó a las 8 de la mañana en las inmediaciones de la calle Constitución 2633, 2695 y 2745, donde se encontraban tres domicilios pertenecientes a la familia Kanoore Edul, en la mira de la SIDE y del juzgado de Juan José Galeano por su posible vinculación con el ataque. El magistrado le había encomendado a Palacios –por entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas– y a Carlos Castañeda, de Protección del Orden Constitucional de la Federal, que se encargaran del operativo de extrema sensibilidad, a 15 días de la voladura a la AMIA. Las horas transcurrieron y el primer ingreso a una de las viviendas se dio recién a las 17:40, nueve horas después de haber llegado; el segundo allanamiento fue a las 19:30. El tercero nunca se hizo. Dos llamados telefónicos salieron del celular de Palacios a los números de Kanoore Edul durante la espera. Eran teléfonos que no estaban incorporados a la causa y por ende, tampoco pinchados. En su declaración, Palacios primero no reconoció su teléfono como propio, y luego dijo que le prestó el celular a un subalterno ya que es de rutina llamar por teléfono a los lugares donde se va a hacer un allanamiento para saber si hay alguien o si hace falta convocar a un cerrajero. El celular personal de Palacios 411-5884 se comunicó a las 11:29 (por 86 segundos) y a las 11:36 (durante 46 segundos) justamente a las dos líneas que pertenecían a los domicilios donde luego no se encontraría nada de interés para la causa, y al que ni siquiera se allanaría.

A partir de su designación en la Metropolitana, el macrismo hizo una defensa férrea de Palacios.

Ya el 20 de julio de 1994, Palacios realizaba investigaciones en el Hotel Bisonte Palace, sobre dos extranjeros nativos de Qatar, a raíz de información de inteligencia. Días después, se embarcó en un viaje relámpago en el Tango 01 a Venezuela junto a una selecta delegación que tenía por objetivo entrevistar, junto a Galeano, a un ciudadano iraní que tenía supuesta información sobre el ataque. Apenas regresó la delegación fue a la quinta de Olivos a exponer sus resultados con Menem. Desde entonces, Palacios –pese a ser de Drogas Peligrosas– fue uno de los brazos ejecutores de la investigación. Tiempo más tarde, en 1997 y alrededor suyo, se creó la Dirección de Unidad de Investigaciones Antiterrorista (DUIA) que tuvo base en la Triple Frontera y analizó, en paralelo a la SIDE, todas las líneas investigativas que seguía Galeano. La historia le otorgaría un triste protagonismo en otro hecho: fue procesado y luego sobreseído en la causa por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Al día de hoy nadie se explicó cómo fue que Palacios llegó a Plaza de Mayo ese día y apareció dando las órdenes del fallido operativo. Con esos antecedentes, en 2004, Néstor Kirchner lo expulsaría de la Federal por un llamado sospechoso que lo vinculaba a una persona relacionada con la banda de secuestradores del joven Axel Blumberg, pero el ex comisario sería reciclado como jefe de seguridad de Boca Juniors, club que presidía Macri. De la mano del alcalde porteño fue convocado a diseñar la nueva fuerza policial, la que marcó a fuego con su impronta: exonerados de la Federal, estructura preparada para inteligencia interna y polémico equipamiento.

A Palacios se le imputó, además, la sustracción u ocultación de las escuchas telefónicas realizadas por la SIDE a los teléfonos de los Kanoore Edul. La dependencia a su cargo recibió gran parte de los cassettes con las grabaciones de los abonados intervenidos desde el 26 de julio de 1994 hasta mediados de septiembre del mismo año. A la fecha, jamás fueron encontradas.

A partir de su designación en la Metropolitana, el macrismo hizo una defensa férrea de Palacios. El ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, llegó a decir que estaba "mal imputado" en la causa AMIA y que era el policía "más condecorado de los últimos 20 años". "El juez (Ariel Lijo) me dijo que creía que Palacios era inocente, que lo iba a citar y que después iba declarar la falta mérito, pero por la vuelta de la justicia, no fue así", indicó Macri en una charla exculpatoria en la Sociedad Hebraica ante dirigentes comunitarios. Con voz aguardentosa, pero firme, el ex comisario fue el primero en romper el silencio y prestarse a indagatoria, la semana pasada, en el marco del juicio oral. Obviamente, negó todos los cargos en su contra.

"Confiábamos ciegamente en él", sostuvo Sergio Burstein, familiar de las víctimas de AMIA y quien más alzó la voz en contra de la designación de Palacios al frente de la Metropolitana, luego de que el fiscal Alberto Nisman pidiera su procesamiento como encubridor del atentado. La justicia determinó luego que su teléfono fue pinchado en 2009 por una organización enquistada en el propio gobierno porteño, que tenía como protagonista a Palacios, quien irá a juicio en 2017 como responsable de las pinchaduras. El mismo ex comisario había investigado y brindado protección a Burstein cuando en 2002 intentaron secuestrar a su hijo menor. 

De las seis líneas que Burstein tenía a su nombre, la única que estuvo intervenida fue el radio Nextel. Con esa línea se comunicaba con Nisman.Para la justicia, buscaba así enterarse antes si había cambios en su situación judicial. Tal vez suponía que el juicio que ahora enfrenta podía tornarse una realidad.