Lo que no tiene ese derecho es valor jurídico para ser presentado a la Comunidad Internacional, como sí lo tendría la declaración de independencia de un pueblo sometido o los referéndum que periódicamente tienen lugar en la provincia francoparlante de Quebec, en Canadá, o en Puerto Rico, en pos de sus respectivas independencias.
En su primera disposición transitoria, la Constitución argentina de 1994, al tiempo que ratifica de manera imprescriptible nuestra soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur, garantiza los intereses de los isleños. Nadie podría obligarlos a hablar en castellano, o cambiar de religión, a dejar de tener como referencia a la Reina o a simpatizar por un club de fútbol argentino. Pero eso no tiene valor jurídico alguno respecto de la disputa de soberanía entre dos estados, la Argentina y el Reino Unido, porque se trata de planos de análisis absolutamente diferentes. Tienen derecho a expresar libremente su voluntad, no a decidir qué Estado debe ejercer la soberanía sobre el territorio que habitan, por cuanto esto último se rige por reglas del derecho internacional que amparan la posición de nuestro país. La autodeterminación es un derecho de los pueblos sojuzgados respecto de las potencias coloniales que los oprimen. En el caso de Malvinas, la potencia colonial, es el Reino Unido, que ocupó por la fuerza nuestro territorio hace casi 180 años e implantó su propia población, de la cual descienden los actuales habitantes. Por eso el caso Malvinas es tratado como un acto de colonialismo por el Comité de Descolonización. Por lo tanto, si a alguien correspondiera el derecho de autodeterminación sobre su territorio, es a la Argentina, por haber sido el mismo violado por una potencia colonial. Seríamos nosotros los depositarios del derecho de autodeterminación sobre nuestro territorio, aunque se trate de un área parcial del mismo. Imaginemos la legítima reacción de cualquier país soberano, frente a una momentánea violación de su espacio aéreo. Cuánto más debe reaccionar un país cuyo territorio es ocupado de manera permanente desoyendo el mandato de la comunidad internacional expresado en sucesivos pronunciamientos de la Asamblea de Naciones Unidas, de su Comité de Descolonización, de la Unasur, de la CELAC, y de tantos otros foros internacionales. Este 14 de junio, mientras Cristina Fernández de Kirchner se presentará ante un órgano del máximo foro internacional, un enviado del Foreign Office –luego de rechazar una invitación del canciller argentino a visitar nuestro país- arribará a las Islas, cuya población militar rotativa procedente de la Armada Real, iguala prácticamente a la población civil estable. De un lado, la diplomacia y el derecho, del otro, la prepotencia, el militarismo y la desmesura.
Todas estas circunstancias han puesto, por primera vez en muchos años a la Argentina en el marco de América Latina toda, en el lugar de la sensatez y la razón. A la histórica legitimidad de nuestro reclamo, la complementa ahora una mucho mejor reputación internacional que la de nuestra contraparte. La militarización, la negativa al diálogo, y este último plebiscito al que parece acaban de convocar, además de constituir sendas expresiones de debilidad jurídica, colocan al Reino Unido, ante los ojos del mundo civilizado, en el lugar de la sinrazón y la prepotencia. Perserverar en esa diferencia tan marcada de actitud, adquiere, junto con las demás estrategias nacionales y regionales muy activas, un inestimable valor con el devenir del tiempo.