La Sala III de la Cámara de Casación que el 10 de septiembre pasado confirmó las condenas contra los acusados por el crimen de Mariano Ferreyra también abrió la puerta para que el sindicalista José Pedraza –a partir del voto minoritario de una de las camaristas– aspire a que la Corte Suprema revierta su sentencia y lo absuelva por el crimen del militante del Partido Obrero, reveló Tiempo Argentino.

A cinco años del ataque perpetrado por una patota sindical de la Unión Ferroviaria que –según estableció la justicia– tuvo una zona liberada para avanzar y disparar sobre un grupo de manifestantes que reclamaban por el despido de trabajadores tercerizados del ferrocarril, el máximo tribunal penal evalúa el recurso extraordinario presentado por la defensa del gremialista. Todavía no confirmó si lo elevará o no. Los argumentos de la jueza Liliana Catucci para desvincularlo de la instigación de la muerte del joven fueron a contramano del fallo de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 y de dos camaristas del máximo tribunal penal que se inclinaron por confirmar todas las penas de prisión sobre los acusados.

La ratificación de las penas ocurrió dos años después del histórico fallo en el que el presidente del TOC 21, Horacio Días, pronunciara una extensa y didáctica explicación para dar la conclusión a la que llegaron junto con los jueces Diego Barroetaveña y Carlos Bossi luego de un juicio de diez meses. En junio, se celebró la audiencia de rigor para que Casación revisara las condenas que recayeron sobre Pedraza y su segundo al frente del gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández, a 15 años de prisión como instigadores del asesinato. Lo mismo para quienes fueron sindicados como los autores materiales de la muerte, el barrabrava Cristian Favale y el guarda Gabriel "Payaso" Sánchez.

La patota, en el lugar, cumplía las órdenes emanadas por el delegado Pablo Díaz, que también deberá purgar 18 años. Una de las balas que dispararon rebotó en el suelo e ingresó por el abdomen de Mariano que cayó en la esquina de las calles Luján y Perdriel, en Barracas, mientras intentaba huir de la horda de atacantes que habían bajado de las vías para arremeter contra trabajadores y militantes de izquierda que protestaban por los despidos. Su muerte se produjo minutos después, en la zona que había sido liberada por los federales Jorge Raúl Ferreyra y Luis Mansilla. Casación les subió la condena a diez años y ocho meses de prisión. Los ferroviarios Jorge González y Salvador Pipitó recibieron 11 años como coatuores y Claudio Alcorcel, ocho, en los distintos roles que tuvieron aquel mediodía del 20 de octubre de 2010.

Una bala terminó alojada en la cabeza de Elsa Rodríguez, quien tuvo secuelas gravísimas y su salud quedó muy comprometida. Es, tal vez, la víctima menos visible del mismo hecho. Los policías Luis Echeverría, Gastón Conti y Hugo Lompizano quedaron condenados a dos años por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani consideraron que, tras la instrucción y el juicio que le siguió, "se probó la complicidad de Pedraza a través de indicios posteriores, que resultan indicadores de conductas previas de cooperación moral y material". Catucci se pronunció con dureza contra los ferroviarios acusados, sobre los que pidió perpetua, pero excluyó a Pedraza, sobre quien dijo que se condenó por arbitrariedad del tribunal. Ese será el argumento de la defensa para intentar que la Corte revierta el fallo.

La gran deuda del caso Ferreyra es la maniobra desenmascarada por la jueza Wilma López durante la investigación que reveló un intento de soborno que involucraba a la Cámara de Casación y a uno de sus principales jueces. La causa pasó por 21 magistrados, 14 de los cuales se inhibieron de intervenir en lo que es considerado el mayor caso de corrupción judicial.