El hombre que más batalló para arrojar al radicalismo a las fauces conservadoras fue elegido por Mauricio Macri como su ministro de Justicia, si pasa el balotaje, y siempre y cuando no se repita lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, donde a los seguidores de Leandro Alem les están dejando sacudir con la boina blanca las migas en la mesa de los postres. Tal vez agrandado por los resultados de las elecciones, Ernesto Sanz, por quien tanto hizo el grupo Techint para moldearlo como candidato, concedió una entrevista a Carlos Pagni, columnista del diario La Nación, que fue publicada el 28 de octubre, tres días después de las elecciones. En dicha entrevista dio por descontado que ganaban el balotaje junto con el PRO y dijo que esperaban que al día siguiente la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentara su renuncia. Es por una cuestión de dignidad política, aclaró Sanz, porque convirtió a la Procuración en una institución dependiente al adherir al proyecto político del oficialismo. "Si el proyecto político pierde, lo lógico es que se vaya. Si no lo hace, veremos qué mecanismos tenemos para avanzar", remarcó Sanz. Para rematar, mencionó a Luis María Campagnoli como un fiscal que cumple con su deber persiguiendo a los delincuentes.

Los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos tienen una premisa fundamental: respetar la voz de las víctimas. Macri mira para otro lado.

Vayamos por partes. La labor fundamental de los fiscales es velar por el cumplimiento de la ley, sobre todo de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales de Derechos Humanos. La investigación de los delitos y la individualización de sus autores es parte de su tarea. En cambio, la fórmula escogida por Sanz –perseguir delincuentes– se asocia más a aquellas corrientes que criminalizan a sectores de la población por el sólo hecho de su pertenencia y más allá de sus conductas, lo que se denomina como derecho penal de autor, incompatible con un Estado de Derecho. Pero Sanz querría llevarlo a cabo a través de Campagnoli, que fue un fiel exponente de esa corriente persiguiendo a sectores pobres. Es por esa actividad autoritaria que se lo ha querido apartar de su cargo, circunstancia que no ocurrió por errores de la propia Procuración General y no porque Campagnoli sea un hombre comprometido con la democracia. Sin embargo, el hecho de que Sanz haya deslizado su nombre segundos después de haber solicitado la renuncia de Gils Carbó, permite pensar que Campagnoli se perfilaría como candidato a procurador general, en mala hora para los sectores más vulnerables y siempre y cuando se cumpliera el capricho del socio de Macri.

Si Sanz –o quien fuera– estimase que Gils Carbó no cumple debidamente su función, tiene a su disposición mecanismos legales para pedir una investigación y, eventualmente, sea separada del cargo. Exigir la renuncia de un funcionario, que goza de la inamovilidad del cargo, por el solo hecho de un cambio de autoridades, no es la mejor presentación para quien hipotéticamente se halle a cargo de las relaciones con jueces y fiscales. Se puede estar de acuerdo o no con la labor de un fiscal o una institución, el límite es el cumplimiento de la ley. Pero Sanz pondera circunstancias extralegales al utilizar armas que él mismo criticó cuando el oficialismo cargó equivocadamente contra el juez Carlos Fayt. 

Exactamente una semana antes de la entrevista de Pagni a Sanz, Alejandra Gils Carbó suscribió un importante dictamen en el que, haciendo referencia a antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sostuvo que no puede aplicarse la prescripción (no investigar ni juzgar en razón del tiempo transcurrido) cuando deben investigarse graves violaciones a Derechos Humanos. El caso en el que se expidió a favor de investigar se halla a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 21 de julio de 1992 una comisión policial integrada, entre otros, por el comisario Carlos Alberto Sablich, torturó a unos detenidos acusados de un secuestro. La causa por torturas comenzó el 4 de agosto de 1992 por denuncia de las víctimas, pero ni los fiscales ni los jueces intervinientes impulsaron la investigación, cerrada en distintas oportunidades a pesar de los pedidos de las víctimas. Finalmente, en 2012 un juez reabrió la causa porque por tratarse de torturas cometidas por agentes estatales no podían aplicarse las normas sobre prescripción. Como la Cámara de Apelaciones dijo lo contrario, intervino la Corte Suprema que pidió opinión a la procuradora, cuyo dictamen impulsa la investigación al considerar que las torturas configuran graves violaciones a los Derechos Humanos. Gils Carbó remarcó que durante 14 años hubo una deficiencia investigativa debido a la ausencia injustificada de medidas probatorias.

Sablich fue juzgado junto con otros policías en otro caso de torturas a un detenido –Juan Carlos Bayarri–, acusado por el secuestro del empresario Mauricio Macri. Sablich fue condenado a 16 años de prisión, pena que fue anulada recientemente por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal por entenderla excesiva. El caso fue estudiado por la Corte IDH que dictó sentencia contra la Argentina por la falta de investigación y de juzgamiento de los agentes que torturaron a Bayarri estando detenido. Sablich era el candidato de Macri a comandar la Policía Metropolitana, luego puesta a cargo del comisario Jorge "Fino" Palacios que, al igual que Macri, fue procesado por escuchas ilegales cometidas en el marco de una red de espionaje montada desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas menudencias, a Sanz no le incomodan.

Sablich recibió el apoyo de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y de Mauricio Macri. Aunque ambos declararon que el comisario era un dechado de virtudes, el tribunal oral condenó a los policías por torturadores. En agosto pasado, antes de las PASO, Mirtha Legrand dio una mano a Macri invitándolo a almorzar en su programa. El jefe del PRO utilizó la oportunidad no sólo para hacer campaña por su candidatura sino para apoyar a su amigo caído en desgracia, Carlos Sablich, cuya suerte se estaba jugando en esos días ante la Cámara Federal de Casación Penal. El hijo de Franco dijo ante las cámaras: "Trabajó muy bien Sablich, a quien luego persiguieron porque uno de los que me secuestró lo denunció y el Estado argentino pagó fortunas por eso." Quizás alguien aclare al egresado del Newman que es obligación del Estado indemnizar a las víctimas torturadas por sus agentes y que el balance de una empresa es algo bastante distinto. Los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos tienen una premisa fundamental: respetar la voz de las víctimas. Macri mira para otro lado, mientras el de la boina blanca sacude las migajas.