En las democracias europeas, el voto verde está vinculado a los reclamos de la izquierda ecologista. En la Argentina, en cambio, el verde que se metió de lleno en la campaña para la segunda vuelta presidencial es el dólar. 

Ese oscuro objeto del deseo, que viene atormentando a los argentinos desde el último cuarto del siglo pasado producto de una carencia recurrente, marca otra vez el pulso de la campaña y es tal vez el elemento central de discrepancia entre los dos contendientes que quedaron habilitados para la segunda vuelta. 

A uno y otro lado del mostrador, las últimas horas sirvieron para blanquear sus propuestas al respecto. Alfonso Prat-Gay, nominado como eventual ministro de Economía de un gobierno de Mauricio Macri anunció sin medias tintas la inmediata liberación del mercado cambiario y la unificación del tipo de cambio a un valor intermedio entre el oficial y el ilegal, que las especulaciones de los técnicos ubican más cerca de los 14 que de los 12 pesos. 

El economista, ahora macrista antes presidente del Banco Central durante el gobierno de Eduardo Duhalde y parte de la administración de Néstor Kirchner, aparece denunciado en la causa que investiga la fuga de capitales y el lavado de activos a través de las 4040 cuentas del banco HSBC no declaradas. No sería el único implicado en la máxima causa de evasión fiscal en la historia de la AFIP que participa de la conformación de los equipos técnicos de Mauricio Macri. Por ejemplo, no es un secreto la relación entre el ex CEO del HSBC Gabriel Martino y el alcalde electo Horacio Rodríguez Larreta.

Si se eliminan los subsidios domiciliarios, pero se sostiene el resto y se aplica una devaluación del 60%, la cuenta fiscal se dispararía por el aumento de los precios en pesos a partir de la suba del tipo de cambio.

Pero más allá de los records de evasión que no parecen preocupar a los estándares éticos de la Alianza Cambiemos pese a la declamada crítica contra la corrupción, la propuesta blanqueada por Prat-Gay y el resto de los economistas del PRO está orientada a una devaluación abrupta del tipo de cambio, con la justificación de que en realidad el mercado ya se ajustó al nuevo precio que es el que marca el dólar ilegal y no el oficial.

No deja de sorprender lo pueril de algunos argumentos que parecen calar sin más en el electorado. Prat-Gay sostiene que el valor del dólar oficial no afecta a nadie, porque los precios de los productos de consumo masivo ya se toman por el blue, con lo cual, una devaluación del 60% como la que prevén aplicar a partir del 11 de diciembre no tendrá impacto inflacionario.

Dos datos irrefutables. No hay experiencia histórica en la Argentina en la que empresarios y comerciantes no ajusten sus precios antes de una devaluación anunciada como esta en un contexto de consumo intenso, para prevenir el impacto primero, y después de que se concreta el guadañazo para compensar las eventuales pérdidas futuras. En suma, los precios suben primero por las dudas y después por la devaluación. 

El segundo elemento en la argumentación macrista es que ya nadie se rige por el valor del dólar oficial. Este año el Banco Central terminará vendiendo cerca de 5000 millones de dólares para ahorro al precio oficial, mientras que se espera que se concreten operaciones de comercio exterior por casi 130 mil millones de dólares. Es imposible conocer el volumen de operaciones del mercado ilegal, pero no hay ninguna chance de que se le parezca ni por asomo a las cifras citadas anteriormente. 

En el equipo que conduce la eventual ministra de Economía de Daniel Scioli, Silvina Batakis, advierten que es inexorable un traslado a precios de consumo masivo de una devaluación. Sostienen que semejante suba del dólar tendrá un impacto masivo sobre el precio de los combustibles, elemento central de los costos en un país signado por las grandes distancias y la carencia de transporte ferroviario. Esa mirada es compartida, entre otros, por el ahora massista ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

La propia Batakis sostuvo esta semana su propuesta de tipo de cambio administrado, y Scioli afirmó ayer que si llega a la Rosada el dólar estará por debajo de los diez pesos en enero. La administración del tipo de cambio y la intervención del Estado en la economía son sin duda el meridiano que separa las dos propuestas que volverán a medirse en las urnas en 15 días.

Macri convalidó ayer la posición de Prat-Gay y sostuvo que el planteo de Scioli de un dólar por debajo de los diez pesos en enero es mentira, porque ese dólar no lo consigue nadie. Las restricciones para administrar un bien escaso son ciertas, no hay dudas. La estrategia macrista es mercado abierto para todos y un dólar caro al que solo unos pocos puedan acceder. 

El tramo final de la campaña sirve para que unos y otros blanqueen sus propuestas. Pero no hay que relativizar la complejidad que enfrenta la actual administración del Banco Central con creciente presión sobre las reservas.

El macrismo impulsa además una eliminación de las retenciones para la producción agropecuaria, mientras que Batakis propone terminar con ese tributo para las producciones de las economías regionales, y reducir en un 10% lo que paga la soja. "Si se da una devaluación del 60% y además se eliminan las retenciones del 35%, el salto de ganancias de los sectores concentrados del campo será brutal", advierten.

El plano del financiamiento externo también separa ambas propuestas. En el macrismo calculan que los sojeros retienen unos 12 mil millones de dólares en granos que luego de la maxidevaluación y la eliminación de retenciones podrían salir al mercado. En el sciolismo prefieren los datos de la Bolsa de Rosario, que ubica esa cifra por debajo de los 3000 millones de dólares. 

La relación con el Fondo Monetario Internacional también parte aguas. Batakis reconoció públicamente la necesidad de trabajar sobre las estadísticas para cerrar ese capítulo de tensión con el organismo multilateral, pero advierte que no debe caerse en la tentación de volver a un acuerdo con el FMI, como el que sí buscaría el PRO para conseguir unos 10 mil millones de dólares con las consecuentes recomendaciones de política económica que siempre devienen en planteos de ajuste.

Mauricio Macri repite como un mantra que llevará adelante el programa de infraestructura más importante de la historia argentina. El paquete de obras, según anunció el candidato de Cambiemos, incluye la construcción de puertos en la mediterránea provincia de Santiago del Estero, distrito que empleó Prat- Gay para exteriorizar toda su vocación republicana. El economista pidió sin tapujos que no vaya a ser que de aquí al 2020 nos encontremos los argentinos con un caudillo que llega desde esa provincia sin currículum y se termina convirtiendo en presidente. Tal vez Prat- Gay debería pedir una reforma constitucional para impedir que provincianos lleguen por los votos a la Presidencia, más allá de la consideración que cada uno pueda tener sobre las gestiones de gobierno.

De vuelta a las obras, habrá que esperar si Macri llega a la Rosada para saber si en este caso cumplirá con la promesa o si se transformará en otro slogan vacío de campaña como los diez kilómetros de subterráneo por año que comprometió antes de llegar a la Jefatura de Gobierno porteño y luego transformó apenas en ciclovías y más recientemente en metrobuses, con diversas excusas. 

Scioli también propone infraestructura, aunque con otra mirada. Endeudamiento en organismos multilaterales que no requieren de condicionamientos de política económica como el BID, la creación de un banco de desarrollo, para el que nominó al economista industrialista Miguel Peirano (ex ministro de Economía de Kirchner) y la utilización de parte de los fondos de la ANSES para financiar la construcción de viviendas. El antecedente de Scioli en la provincia muestra claroscuros al respecto. 

La resolución del conflicto con los fondos buitre también plantea un abismo entre los dos candidatos, pese a que cada vez más algunos sectores tratan de mostrar que no hay tantas diferencias entre Macri y Scioli. Ya se sabe que el alcalde propuso pagar a los buitres todo lo que ordenó el extravagante juez Thomas Griesa. El sciolismo tiene otra mirada. Si bien es cierto que el gobernador de la provincia sostiene públicamente que el tema no está en el centro de su agenda, su equipo económico analiza desde hace rato distintas variantes que en todos los casos incluyen una quita respecto de la sentencia del octogenario magistrado neoyorkino. Prevén que la negociación tiene tres ejes diferenciales: la ingeniería financiera (hay varias propuestas para resolverla), la jurídica internacional (también podría encaminarse sin grandes sobresaltos), y la legislativa local, que podría implicar algunos desafíos.

Las diferencias también alcanzan a las tarifas de los servicios públicos. Las declaraciones de Juan José Aranguren, ex CEO de la multinacional Shell y actual coordinador de los equipos energéticos de macrismo fueron reveladoras. No sólo puso en duda públicamente la continuidad de YPF como empresa pública, sino que también consideró que no tiene importancia la soberanía energética.

Ese planteo va de la mano con la eliminación de los subsidios a la energía que esconde una trampa altamente vinculada a la devaluación. Cambiemos propone eliminar los subsidios, pero no aclara si hace referencia a los domiciliarios (que es la porción minoritaria) a los que reciben las grandes empresas como Techint (una parte importante de la cuenta fiscal) o los que se entregan a las compañías de energía. 

Si se eliminan los subsidios domiciliarios, pero se sostiene el resto y se aplica una devaluación del 60%, la cuenta fiscal se dispararía por el aumento de los precios en pesos a partir de la suba del tipo de cambio. En resumen, con un dólar más caro se necesitarán más pesos para cubrir los subsidios. Pero si se eliminan todos los subsidios, la devaluación se trasladará entonces a las tarifas domiciliarias, lo que sumará al incremento por el corte de ese beneficio al impacto devaluatorio. Poner a funcionar un aire acondicionado con ese esquema tarifario podría cotizar casi igual que su peso en oro.

En suma, un debate apasionante que enfrenta en las urnas dos miradas bien distintas como nunca antes en la historia de la democracia argentina moderna. Dos miradas que nada tienen que ver con los globos de colores.