La Corte Suprema de Justicia abrió ayer una caja de Pandora que puso en alerta a un sector importante del empresariado. La acordada con la que dio vuelta dos sentencias previas en la que obliga a YPF a dar a conocer los artículos reservados del acuerdo con Chevron podría tener impacto el sector petrolero y en otros actores de la vida económica argentina. La confidencialidad es una cláusula muy habitual en los acuerdos entre empresas. YPF es, al final de cuentas, una sociedad anónima en la que el Estado Nacional es el principal accionista. No eran pocos los que se preguntaban ayer qué pasaría si el fallo de la Corte Suprema se extendiera al resto de las empresas en las que el Estado tiene uno o más representantes en el directorio como consecuencia de la transferencia de acciones a la ANSES luego de la estatización de las AFJP.

La nómina de compañías incluye a Siderar, Edenor, Gas Natural, Telecom, los bancos Macro, Galicia, Patagonia, Francés e Hipotecario, Molinos, Aluar, Clarín, Quickfood y Pampa Energía; sólo por mencionar a alguna de las 46 empresas en las que el Estado tiene algún grado de participación. Las cláusulas de confidencialidad suelen firmarse cuando una empresa va a compartir información confidencial con otra ya sea sobre su infraestructura, planes de inversión o investigación, lanzamientos de productos o datos de clientes. Sin embargo, desde la petrolera han señalado una y otra vez que esas cláusulas no pueden enmarcarse en el derecho público porque YPF es una sociedad anónima.

Tal vez sea una casualidad, pero la acordada del máximo tribunal llega a menos de dos semanas del balotaje que definirá el próximo presidente y luego que el referente energético de una de las fuerzas políticas que intervendrán en la contienda, Juan José Aranguren de Cambiemos, pusiera en duda la continuidad de la mayoría estatal en la petrolera.

Por otro lado, lo que no deja de llamar la atención es la doble vara con la que suele medir la política argentina. Se cuestiona que la presidenta Cristina Fernández tenga la intención de gobernar –y como consecuencia de ello tomar decisiones- hasta el último día de su mandato. Sin embargo, a nadie le parece mal que un juez de la Corte haya anunciado su retiro para el mismo día en el que vence el mandato presidencial, pero siga dictaminando en acordadas de semejante trascendencia, hasta el último minuto de su gestión.