La Cámara Federal de Casación Penal reabrió una investigación contra el ministro de Economía, Axel Kicillof; el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el síndico general Daniel Reposo y el hoy presidente del Banco Central y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, por "turbar" una asamblea anual de la empresa Papel Prensa, a la que concurrieron como representantes del socio minoritario, el Estado Nacional, informó Tiempo Argentino.

Como corolario de una semana en la que varios tribunales decidieron demostrar su independencia del gobierno desempolvando causas que estuvieron sin resolver durante años, la Sala Tercera del máximo tribunal penal del país consideró que expresiones de los funcionarios hacia los accionistas de los socios mayoritarios, tales como "no tienen vergüenza", "sos un caradura", "siguen siendo impresentables", "brutos", "los mercenarios son así", "ustedes están locos", "burros", "ineptos", "vos sos un oscuro", "una empresa oscurantista", "Clarín miente", "tienen las manos manchadas de sangre", son insultos. Y, en consecuencia, les atribuyeron carácter delictivo, en el marco de lo que en el Código Penal figura como "delitos contra la libertad de reunión".

El artículo 160 de esa norma establece que "será reprimido con prisión de quince días a tres meses, el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita, con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto". Dos de los tres jueces, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, revocaron el archivo de la causa en dos instancias anteriores por "inexistencia de delito". Y, pese a la opinión en contra del tercer integrante del tribunal, Mariano Borinsky, y de tres fiscales, Miguel Osorio, Germán Moldes y Ricardo Weschler, reabrieron la causa por los episodios ocurridos el 25 de abril de 2013. Ese día, en la asamblea general anual ordinaria de accionistas de Papel Prensa, "se hicieron presentes en las instalaciones de la empresa los funcionarios nacionales… A lo largo de la Asamblea, que duró 5 horas, en todo momento los funcionarios Kicillof, Reposo y Moreno mantuvieron una actitud hostil, con groseras agresiones para con las autoridades de la asamblea y accionistas de la empresa", dijeron los accionistas privados, representantes de los diarios Clarín y La Nación, en la denuncia. Más aún: aseguraron que esa conducta respondió a "un plan preordenado cuyo objetivo final es nada menos que acceder de modo artero al control de la empresa".

El tribunal realizó una exégesis lingüística y concluyó que "turbar implica menos que impedir la reunión, pero altera el normal desenvolvimiento, ya sea confundiéndola o desordenándola. Esto es, se turba la reunión cuando, sin impedirla se altera su curso natural, confundiéndola o desordenándola". Los jueces admitieron que "no toda alocución acalorada o impertinente resulta delictiva". Y en ese contexto, reconocieron: "aquí sólo nos interesa poner de manifiesto que, de acuerdo a lo que se desprende de la denuncia y de la documentación aportada para respaldarla, no es posible descartar de momento que el concepto de 'turbar' la reunión no haya concurrido en el caso".