Con el creciente ciclo de endeudamiento público, especialmente en los últimos años por parte de los Estados nacionales y administraciones locales, el debate sobre el carácter de las famosas Agencias Calificadoras de Riesgo (ACR) pasó a tener otro cariz a nivel global. La propuesta de que se desarrolle este tipo de instituciones pero de carácter público, tiene como objetivo que los individuos puedan contar con información, sobre las opciones de ahorro, brindada por organizaciones sin fines de lucro y por tanto de contenido menos tendencioso.

Según consignó Tiempo Argentino, la cuestión es que estas instituciones se convirtieron en protagonistas del mundo de las finanzas con el desarrollo del capital financiero especialmente a partir de los años '70, reforzando este rol en el transcurso del nuevo milenio, lo que las convirtió de ser originalmente veedoras y asesoras de instrumentos financieros para el inversor, a transformarse en actoras del devenir financiero y por tanto económico de corporaciones y Estados. De aquí el roce y choque de intereses que surge en tanto que se trata de un sector fuertemente concentrado a nivel internacional, siendo las norteamericanas Moody's Investors Service (Moody's) y Standard &Poor's Ratings Group (S&P) las que dominan este mercado, ubicándose en tercer lugar Fitch Ratings, producto de una fusión entre agencias europeas y de los EE UU.

"Esta independencia pone en valor el carácter profesional que le queremos imprimir a nuestra tarea".

Así, su cuestionamiento no fue circunscripto a países como la Argentina, como ocurrió en 2008, sino que también la Comisión Europea presentó en 2011 propuestas para controlarlas, en tanto que las calificaciones que pueden realizar  intervienen en el costo de nuevo endeudamiento público y de instituciones asociadas.

Calificadoras públicas

Susan Schroeder de la Universidad de Sidney, Australia, publicó recientemente un libro donde establece la necesidad de que se desarrollen agencias calificadoras de carácter público (Public Credit Rating Agencies: Increasing Capital Investment and Lending Stability in Volatile Markets, New York, Palgrave Macmillan). 

En una entrevista que le realizó la World Economics Association publicada la semana pasada, la especialista en finanzas señala que las agencias crediticias tienen como uno de sus problemas fundamentales la implementación de modelos procíclicos que "no capturan plenamente la dinámica asociada a la acumulación de capital y el crecimiento económico", y por tanto establecen supuestos que presuponen una visión de estabilidad en una economía de mercado que no existe. De esta manera la creación de agencias públicas, que tendrían por tanto la intención de servir al interés público, permitiría fortalecer la relación entre estas instituciones, gobierno e inversores privados, sin actuar tras un interés en particular que hasta ahora, dice la especialista, "exacerbaron la inestabilidad económica y financiera". "Su presencia puede contrapesar la influencia que las agencias privadas tienen sobre los presupuestos fiscales, en vistas a reducir los déficits públicos durante las recesiones por las potenciales o efectivas bajas en las calificaciones soberanas, que tienen el efecto de debilitar la demanda efectiva y el crecimiento económico", lo que en definitiva, señala Schroeder, "la seguridad social y las condiciones de vida delos trabajadores puede ser así protegida".

Argentina pionera

La Argentina es pionera en este sentido. Con la sanción de la nueva Ley de Mercado de Capitales de 2012 (Ley 26.831), se permitió que las universidades públicas puedan ser habilitadas para inscribirse como "agentes de calificación de riesgo", en tanto cumplan con los requisitos impuestos por la Comisión Nacional de Valores (CNV). ACRUP (Agencia de Calificación de Riesgo Universidad Pública) de la Universidad de Tres de Febrero se convirtió en la primera calificadora del sector público, con proyectos similares encarados por la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Moreno.

Raquel Kismer, vicepresidenta de UNTREF ACRUP, señaló a Tiempo, que "esta iniciativa de habilitar a las universidades que cumplieran con las normas dela CNV que son las del organismo regulatorio internacional IOSCO para poder incorporarnos a esta tarea, tiene un valor agregado adicional, porque somos agencias públicas pero correspondiendo al concepto de autonomía universitaria, culturalmente muy incorporado en la Argentina, lo que implica que seamos un organismo sin fines de lucro y a su vez sin subordinación a ninguna directiva estatal. Esta independencia pone en valor el carácter profesional que le queremos imprimir a nuestra tarea." 

El objetivo, dice, apunta a "salvar la asimetría de información sobre todo para los inversores chicos que no pueden ir a ver todos los balances y números que sustentan cada instrumento, y así delegan en la calificación una opinión que no es determinante, pueden seguirla o no, pero les permite superar tal asimetría que es en definitiva la razón de ser de las calificadoras. Nosotros calificamos instrumentos financieros de oferta pública. Cuando alguien pone sus ahorros en el banco confía en la asignación que el banco realizará con su dinero, quien se compromete a devolverlo, pero en el mercado de capitales no existe esa intermediación. El que solicita el fondeo a través de un instrumento lo solicita directamente. Si bien el emisor debe ser aprobado por el organismo regulador, el riesgo en torno a su devolución lo asume cada inversor, quien debe por tanto conocer la fortaleza o debilidad de la opción adquirida."

En cuanto a los diferentes métodos de calificación, la especialista explica que "las metodologías deben ser aprobadas por la CNV, utilizando coeficientes que determinan solvencia y grados de liquidez, pero existe una diferencia sustancial respecto de las calificadoras internacionales oligopólicas, y es que estas priorizan su evaluación en lo que es el riesgo país, lugar origen del instrumento, poniendo así un techo en su calificación relacionado con el juicio del valor que emiten de la economía de ese país, y después pasan a analizar el instrumento en cuestión, por lo que muchas veces están forzadas a explicar que a pesar de ese techo el instrumento tiene tal característica u otra. Nosotros, por el contrario, centramos nuestro análisis en el instrumento, su calidad, organización, capacidad y eficacia de quien lo emite, y luego lo sometemos a un análisis de estrés que mide el impacto que las modificaciones macroeconómicas puedan tener en la solvencia de ese instrumento. De ahí surge la calificación, que en nuestro caso es siempre es local."  

Kismerb concluye: "Creo que es interesante que en el mercado existan las dos alternativas, la pública y la privada, entendiendo a lo público en tanto que no tiene un interés de lucro, especialmente a partir de la fuerte crítica sobre todo después de la crisis de 2009 a las calificadoras tradicionales. Pocos países fueron capaces de crear alternativas en este sentido, por lo que nuestro caso, al ser una iniciativa original, es observado internacionalmente. Sólo en Rumania existe una agencia sin fines de lucro pero desde una ONG, no una universidad", concluyó.

Cada vez una mayor exposición de los inversores individuales

En la medida en que la oferta de instrumentos financieros para captar los ahorros de los individuos se fue ampliando y complejizando, la intermediación bancaria fue desplazada de cierta relación directa entre el inversor y los derivados financieros ahora mayormente proporcionados por los mercados de valores. Así también el riesgo antes asumido por el banco pasó a ser afrontado directamente por el demandante del instrumento quien necesita información sobre el mismo. Las calificadoras pasaron a cumplir este rol.

Samuel Brugger, en su artículo "Las agencias calificadoras y su rol en las crisis financieras" muestra cómo el rol creciente de las calificadoras pasó a ser determinante del mismo desempeño de las economías, en tanto que por ejemplo "en varios países se ha regulado para que los fondos de pensión, seguros y bancos sólo puedan invertir en títulos que tengan por lo menos una calificación dada. Entre más competencia exista entre empresas, instituciones, estados y países en los mercados financieros mundiales para financiarse, más relevante se vuelve obtener una calificación alta, para, por un lado, obtener los recursos financieros deseados y para, por otro, optimizar sus costos de capital." De esta manera "la degradación de una calificación de AAA a AA para un banco con una suma de balance de 300 millones de francos suizos, de los cuales hay que refinanciar 10% mediante deuda, (puede generar) un incremento en costes de intereses de 15 millones de francos".