El próximo gobierno se encontrará con los engranajes de la política de Derechos Humanos en pleno funcionamiento. De acuerdo al último informe que elaboró la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006, cuando se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hasta el 30 de septiembre pasado se registraron 514 causas por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

La mayoría de los cinco centenares de expedientes están abiertos: 233 se encuentran en etapa de instrucción y 116 fueron elevados a juicio. A su vez, hay 18 debates orales en curso. En el período analizado hubo 2166 imputados y 622 represores condenados. La principal deuda, en ese aspecto, es la lentitud del sistema y la obstaculización de los procesos judiciales contra civiles cómplices de la represión.

En la última década, la de Derechos Humanos se ubicó en el centro de las consideraciones de las políticas estatales. Por ejemplo, se actualizaron y profundizaron leyes reparatorias a víctimas de la represión: se añadió una indemnización a los hijos y se agregó la ley que retrotrae el beneficio reparatorio a quienes padecieron las dictaduras desde el 16 de junio de 1955. También se le dio visibilidad a la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Desde 2003, fueron identificados 43 de los 119 nietos restituidos.

Otro aspecto que se acentuó fue la señalización de ex centros clandestinos de detención –se estima que ya hay unos 800, algunos incluso fuera del país- y la transformación de muchos de ellos en sitios de la memoria.
La política de DDHH cruzó diversos ministerios. En la cartera de Defensa impulsaron la desclasificación de archivos del terrorismo de estado. El material sirvió como prueba judicial en diversas causas de lesa humanidad.

El debe

En las vísperas del 24 de marzo pasado, fallos judiciales beneficiaron a importantes empresarios comprometidos en causas de lesa humanidad como el titular del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, y el director del diario bahiense La Nueva Provincia, Vicente Massot. Ambos recibieron la falta de mérito.

La impunidad de la que gozan los cómplices económicos de la represión quedó evidenciada en un reciente trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí se analizó el rol de 25 empresas que sumaron casi 900 trabajadores víctimas del terrorismo de Estado. Casi el 40 por ciento de ellos está desaparecido.

Con el antecedente de la anémica política de DDHH en la Ciudad, organismos del área ya manifestaron su preocupación respecto al porvenir.

DATO
622
Represores condenados por delitos de lesa humanidad hubo en el país entre 2006 y el último 30/9.