La reforma del Poder Judicial es una de las grandes deudas de la democracia. Los gobiernos kirchneristas pretendieron impulsar la modificación de su estructura pero no lo lograron. Sus intentos derivaron en una ascendente conflictividad con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y avivaron una interna judicial que parió, a fines de 2012, al espacio Justicia Legítima, que impulsa una renovación del sistema judicial. A pesar de la puja de poderes se logró sancionar un nuevo código Civil y Comercial que entró en vigencia en agosto de este año. Distinta suerte corrieron las reformas del Código Procesal Penal y el Código Penal.

Los vientos de cambio en la justicia comenzaron con el gobierno de Néstor Kirchner cuando renovó el máximo tribunal del país. El impulso de aquella transformación, que determinó el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, se extendió hasta apoximadamente el 2010. A partir de allí, la relación entre ambos poderes comenzó a ser cada vez más tirante, lo que se manifestó mediante sentencias y cautelares adversas al gobierno.

El clímax de aquella disputa se produjo en 2013 cuando el gobierno de Cristina Fernández envió al Congreso un proyecto de ley bautizado la "la democratización judicial". En el paquete de medidas se encontraba: una reforma del Consejo de la Magistratura donde se instaba a que los nuevos consejeros sean elegidos por el pueblo en elecciones judiciales democráticas; el ingreso democrático a la justicia y la Publicidad y Acceso Directo a Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, entre otras cuestiones. Fue aprobado por el Congreso en abril de 2013. Dos meses más tarde fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

La relación se distendió cuando el Ejecutivo y la Corte aunaron fuerzas para reformar y unificar el Código Civil y Comercial. Los 2671 artículos del nuevo cuerpo normativo, que reemplazaron a los más de 4000 que tenía el antiguo Código Civil, sancionado en 1869, entraron en vigencia en agosto pasado.

Las reformas de otros dos códigos corrieron diversa suerte. El Código Procesal Penal fue renovado y tiene una ley de implementación por la que se estima que entraría en vigencia el año próximo. Distinto fue el caso del Código Penal: se creó una comisión ad hoc conformada por juristas prestigiosos y figuras legislativas de diversos partidos políticos para comenzar la reforma, pero el borrador que se creó sufrió una campaña mediática que prácticamente lo dejó enterrado en el Congreso.

El Ministerio Público Fiscal, que no forma parte del Poder Judicial pero sí del sistema de justicia, fue modificado. Se crearon procuradurías especiales y se jerarquizó el trabajo de los fiscales. Un trabajo que no tiene el visto bueno del presidente electo, Mauricio Macri.