La asunción de un nuevo gobierno genera tanta expectativa como incertidumbre. Y el caso de Argentina no es la excepción: la asunción de Mauricio Macri pone fin a 12 años de administración kirchnerista y arroja un baño de dudas sobre la población en un plano tan sensible como el económico.

Nos hemos acostumbrado a oír que hay que abrir el cepo cambiario y que las reservas del Banco Central son pocas (alrededor de 20 mil millones de dólares pero que en realidad serían de 7 mil millones porque el resto corresponde a pagos de deuda).

Respecto a la liberación del cepo, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció que dicha medida se realizará “cuando estén dadas las condiciones”.

Una devaluación permitiría abaratar costos y aumentar las exportaciones, lo que se traduce en mayor ingreso de dólares

Esto no es otra cosa que tener una balanza comercial favorable, es decir, que ingresen más dólares de los que salen, o dicho de otra manera, que las exportaciones sean mayores que las importaciones.

Para exportar, Argentina debe tener una buena imagen en el resto del mundo y no tener trabas, algo que parece difícil en el corto plazo por el conflicto que mantiene nuestro país con los fondos buitre.

Por eso, el secretario de Finanzas Luis Caputo, ya viajó a Estados Unidos y se reunió con Daniel Pollack, el mediador propuesto por el juez Thomas Griesa para llevar adelante las negociaciones, y le manifestó la intención de llegar “prontamente” a un acuerdo.

En caso de destrabar el conflicto, Argentina daría un primer paso para recuperar la confianza del extranjero y podría volver a las negociaciones para el intercambio comercial.

Otro paso sería eliminar las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI), algo que ya fue anunciado por el nuevo gobierno.

Una devaluación produciría un golpe inflacionario y sería una pésima carta de presentación para el nuevo gobierno

Una vez que “estén dadas las condiciones”, nuestro país deberá buscar un nuevo tipo de cambio que le permita competir con otras economías en el mercado internacional.

¿Cómo se logra esto? La respuesta es conocida por todos: devaluando. Esto permitirá que Argentina reduzca sus costos de producción en dólares y así podrá fabricar productos baratos.

Dicho de otra manera, si nuestro país paga sueldos de 10 mil pesos con un dólar a 10 pesos, el sueldo en dólares es de mil. Pero si se aplica una devaluación que lleva la moneda estadounidense a 13 pesos, el sueldo será de 769.23 dólares.

Además, este tipo de cambio destrabaría alrededor de 7 mil millones de dólares del sector agro exportador, que está reteniendo su cosecha para liquidarla cuando el tipo de cambio le sea favorable y le permita optimizar sus ganancias.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Esta medida haría que los productos argentinos sean más baratos en el mundo (más competitivos) y por consiguiente, sean más fáciles de vender.

Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri deberá resolver la otra cara de la moneda: que no sean perjudicados ni el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos ni la industria nacional.

Argentina debe resolver el conflicto buitre para volver a los mercados financieros y conseguir créditos para destinar a infraestructura y producción

Es sabido que una devaluación repentina provocaría un golpe inflacionario y que la liberación de las importaciones afectaría a las industrias argentinas, un costo demasiado alto para un gobierno que ganó la presidencia por poca diferencia.

Otra posibilidad que ya fue anunciada sería volver a los mercados financieros para pedir préstamos, algo que nos trajo muchos dolores de cabeza a lo largo de nuestra historia.

Lo central será destinar ese dinero a la producción y la infraestructura: si Argentina obtiene dinero a una tasa de 5% que le permite aumentar su producción un 20%, la cuestión quedará saldada. Caso contrario, la situación será similar a la trágica crisis del 2001.

Sea como sea, Mauricio Macri y su equipo deberán hilar finito para buscar consensos con todos los sectores sociales, y avanzar cautelosamente con medidas que, por un lado, permitan que la economía argentina sea competitiva y que, por el otro, no perjudiquen a los ciudadanos.