El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso que la sede central de la organización Tupac Amaru pase a funcionar para su Gobierno, la medida que fue considerada "ilegal y arbitraria" por la agrupación encabezada por la dirigente opositora detenida, Milagro Sala.
En este sentido, desde la agrupación dijo que, si bien "el gobernador señala que la institución está intervenida", en los últimos tres años ésta mantuvo una participación activa en distintos juicios laborales y en la firma de convenios protocolizados por la Justicia.
El coordinador provincial de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel planteó que, para que una organización social sea suspendida, "se necesita el fallo de un juez competente", y sostuvo que, en este caso, desconocen "cuál es el instrumento legal le permite al Ejecutivo hacer lo que hizo y con la injusticia con la que actúa".
"Denunciamos la ilegalidad, arbitrariedad y el uso del poder público para meterse en la sede", postuló el coordinador provincial de la Tupac Amaru, quien remarcó que "las personas jurídicas (por la agrupación) no cometen delitos sino las personas que administran", con lo cual, "sólo se puede suspender la personería jurídica (de la organización) con un fallo judicial".
"Son instalaciones importantes, financiadas con recursos públicos aportados por el pueblo y, por lo tanto, debemos aprovecharlas en beneficio de los jujeños", argumentó el gobernador Gerardo Morales, según detalló el comunicado.
