La Corte Suprema de Justicia rechazó el cierre de la investigación contra el banquero y ex embajador estadounidense David Mulford en la causa por el Megacanje, la operación de cambio de bonos realizada en los estertores del gobierno de la Alianza, que causó un fortísimo incremento de la deuda externa y un pingüe negocio para un puñado de bancos privados. Se trata del mismo expediente en el que está procesado el presidente del Banco Central, Federico Adolfo Sturzenegger.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”, dijeron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ante el "recurso de hecho deducido por la defensa de David Campbell Mulford en la causa Cavallo, Domingo Felipe y otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Cavallo fue absuelto por el Megacanje en un juicio oral en octubre de 2014 y ese fallo está todavía en revisión en la Cámara Federal de Casación Penal, consignó Tiempo Argentino.

Mulford nunca se presentó ante la justicia argentina, pero está representado y defendido por los abogados Andrés Espina y Marcos Salt. Pese a su ausencia recurrente, (pesó sobre él orden de detención internacional que nunca se concretó) el banquero y ex funcionario estadounidense fue sobreseído el 5 de junio de 2014 por la Sala Segunda de la Cámara Federal. El fallo, de sólo cuatro páginas, recordó que “la investigación estuvo dirigida a establecer las eventuales responsabilidades derivadas de la ilegítima selección del consorcio de bancos que participó del canje de títulos públicos llevados a cabo en el año 2001, habiéndose legitimado pasivamente en los actuados a diversos funcionarios del Ministerio de Economía, como también a los representantes de las entidades bancarias que resultaron adjudicadas para llevar a cabo la operación, encontrándose entre ellos Mulford, quien intervino en representación del Credit Suisse First Boston. El nombrado habría tenido un rol preponderante en los hechos, dado que -previo a que se cursara formalmente la invitación a participar-, mantuvo diversas reuniones con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, en las que se definieron no sólo aspectos técnicos sino también qué bancos debían integrar la propuesta y cómo debía formularse.”

¿Por qué la Cámara sobreseyó a Mulford? Por prescripción por el paso del tiempo. La causa permanecía abierta porque uno de los imputados, el ex director de Financiación Externa del Ministerio de Economía durante la gestión del Megacanje, Norberto Mauricio López Isnardi, fue funcionario público hasta 2010. Mientras uno de los imputados en un delito de esta naturaleza permanezca en la órbita del Estado, la prescripción permanece interrumpida. Pero la Cámara había decidido sobreseer a López Isnardi, lo que automáticamente beneficiaba a Mulford con la extinción de la acción penal.

El fiscal general Germán Moldes apeló ambas decisiones. Y el 29 de abril de 2015 la Cámara de Casación las revocó. “El sobreseimiento por prescripción de la acción penal de David Mulford, se decidió en función del mismo tipo de solución tomada respecto del coencausado Norberto Mauricio López Isnardi. Dado que se revocó el sobreseimiento de López Isnardi oportunamente dictado, aquella causal de suspensión de la prescripción ha cobrado nuevamente virtualidad, por lo que corresponde su anulación.”

Así, Mulford volvió a quedar bajo investigación. Sus abogados llegaron hasta la Corte Suprema, y el máximo tribunal, en el último acuerdo de 2015, ratificó que la causa sigue.

En su acuerdo anterior, tal como informó Tiempo, la Corte había firmado un fallo que ratificaba la continuidad de la investigación por el Megacanje, lo que en los hechos significó que el actual presidente del Banco Central, Sturzenegger, volviera a estar procesado como “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, tal como lo había resuelto el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos a fines de diciembre de 2013. Esa resolución, que ahora vuelve al centro de la escena, disponía además un “embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos”.