Claudia Cesaroni, abogada, magister en criminología integrante del Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), habló con Radio América sobre el polémico fallo que autoriza a la Policía a pedir DNI para identificarse.

“Pedir identificación es una facultad otorgada por una ley orgánica de la Policía Federal. Esa facultad ha sido discutida en muchas ocasiones porque no existe ninguna norma legal que exprese que todos los ciudadanos debemos portar los documentos en todo momento. En muchas ocasiones es necesario acreditar la identidad, cuando hacemos una compra con tarjeta de crédito o un viaje pero no necesitamos hacerlo cuando transitamos por la calle”, explicó la letrada.

Cesaroni prosiguió: “Ahora la cuestión es: ¿la Policía puede pedir documentos o no para identificarte? Bueno lo que acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia es que en el marco de operativos de prevención las Policías de la Ciudad de Buenos Aires -no olvidemos que son varias, la Federal, la Metropolitana, Gendarmería y Prefectura- pueden solicitar el documento de identidad”, reconoció.

“La otra cuestión a considerara es:¿Qué pasa si no lo tenés? Entonces, la Policía puede llevarte a la comisaría para completar el proceso de identificar a la persona”, aclaró Cesaroni.

¿La Policía identifica al azar como dice el fallo? No, no es verdad. Identifica a algunas personas por su aspecto físico, porque les parecen particularmente sospechosas".

“El tema es cómo identifica. ¿La Policía identifica al azar como dice el fallo? No, no es verdad. Identifica a algunas personas por su aspecto físico, porque les parecen particularmente sospechosas. ¿Y por qué le parecen sospechosas? Bueno porque tienen determinada edad, porque usan gorrita o tienen mochila como la mayoría de los pibes o personas humildes”, argumentó Cesaroni.

El fallo se asienta en un decreto de año 58, que es el decreto 3358, la ley orgánica de la Policía Federal que entre otras cosas casi no menciona a la Constitución Nacional ni otros fallos, ni jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos” argumentó la abogada.

“Nosotros tenemos como antecedente que Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de DDHH en el año 2003 por el Caso Bulacio, que era un chico de 17 años que fue detenido en un recital de los Redonditos de Ricota y fue llevado a una comisaría donde falleció por los golpes que recibió en el lugar. La Argentina fue condenada por esa detención basada en un memorándum de la Policía Federal que habilitaba a la detención indiscriminada”.

“Sin embargo hay estándares internacionales que dicen que una persona no debe ser detenida si no hay una orden judicial o bien si está cometiendo de un delito en ese momento”, explicó Cesaroni.

“No conozco antecedentes de este tipo de fallos en la Ciudad pero la jurisprudencia va acompañando los tiempos políticos, por lo que no me parece nada extraño lo que está pasando en la Ciudad y también en la provincia de Buenos Aires

"Luciano Arruga había sido detenido varias veces por la famosa detención por averiguación de antecedentes o la entrega de menor (lo que significa que encuentran un menor en la calle y lo llevan a la comisaría donde lo tienen retenido hasta que aparezca la familia, que puede ser en 2 o en 12 horas. Durante ese tiempo puede ser hostigado o enviado a limpiar, eso en el mejor de los casaos, ya que hubo muchas muertes en esas situaciones de detenciones ilegales)”, ejemplificó la abogada.

“Lamentablemente me siento obligada a decir que ante esta situación, que todos lleven el documento encima, especialmente los menores".


Cesaroni afirmó: “Se discute esta facultad por su carácter discriminatorio y estigmatizante y además este tipo de situación habilita a otras situaciones más graves como por ejemplo resistencia a la autoridad”.

“Lamentablemente me siento obligada a decir que ante esta situación, que todos lleven el documento encima, especialmente los menores, porque uno puede cuestionarlo, pero un adolescente la va a pasar mal si no lo tiene. A un menor de 18 años no lo pueden llevar a una comisaría pero si a un Centro de recepción y derivación de personas y por ahí lo retienen 10 horas, que es el plazo máximo, que es un motón de tiempo”, advirtió la abogada.