En la cámara de empresas hidrocarburíferas con poder ministerial (léase, Ministerio de Energía), están de fiesta. Se terminan los controles por parte del Estado y la definición de políticas e inversiones de acuerdo a los intereses de la Nación y la seguridad jurídica del pueblo argentino.

El marco regulatorio petrolero post-renacionalización de YPF

El 4 de mayo de 2012 fue promulgada la Ley 26.741 declarando de Interés Público Nacional lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, crear el Consejo Federal de Hidrocarburos y declarar de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF SA y Repsol YPF Gas SA

El Decreto 1277/2012, firmado el 25 de julio de 2012 por la entonces presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, reglamentó la Ley 26.741, constituyendo así el Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina. Fue ello que con el objeto de implementar dicha medida se conformó bajo el ámbito de la misma la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, a su vez dependiente de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, integrada por representantes de la citada Secretaría, junto a la entonces Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Dicha Comisión tenía a su cargo la elaboración y presentación anual de un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (en exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos).

El rol de la hoy disuelta Comisión

La importancia estratégica de esta Comisión en el marco del Decreto 1277/2012 residía en que el Estado Nacional, mediante la Ley 26.197 promulgada a principios de 2007, había transferido la propiedad de los yacimientos hidrocarburíferos a las provincias (tal como lo exigía la Reforma Constitucional de 1994), y por consiguiente había perdido también el control y la planificación de las inversiones de las empresas del sector. Con el Decreto 1277/2012 el Estado Nacional volvía a tener un rol protagónico en la planificación y control con la implementación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dejando en manos de las provincias su capacidad sancionatoria, tal como lo establece el art. 6 de la Ley 26.197. El Decreto 272/2015, firmado el 29 de diciembre de 2015 por el Presidente Mauricio Macri, disuelve la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, trasladando el ejercicio de las competencias asignadas al nuevo Ministerio de Energía y Minería. Cabe preguntarse, en primer lugar, si este decreto no reafirma lo expresado por el ministro Aranguren en declaraciones a la prensa el 3 de noviembre de 2015. Recordemos que expresó: "Tampoco es tan relevante recuperar el autoabastecimiento o la soberanía hidrocarburífera; lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en poder recuperar la seguridad energética."

¿Seguridad energética sin soberanía?

Aquella frase de Aranguren fue un canto a la contradicción. Sin soberanía (la toma de decisiones por propios argentinos en función del interés nacional, del Estado Nacional y libre de injerencias privadas locales y foráneas) no hay seguridad energética. En cuanto al autoabastecimiento (llevar a cero la dependencia de fuentes importadas), existen muchos países con altos índices de seguridad energética que son importadores netos. Acá la clave pasa por dos cuestiones. Primero, la diversificación de los orígenes importadores, si es que no se puede evitar importar, claro está. Segundo, avanzar en el camino del autoabastecimiento pero siempre y cuando no se restrinja el consumo interno (para que aumente el excedente) ni se apunte a una política depredatoria que aumente la producción descontroladamente a los efectos de exportar nuestros recursos en detrimento del mercado interno. Ya hemos tenido escenarios de autoabastecimiento donde el aparato productivo, industrial y social del país estaban absoluta y deliberadamente deprimidos. Alcanza este tipo de autoabastecimiento, el autoabastecimiento con el pueblo y las industrias afuera, es muy fácil y creemos, sin razón a equivocarnos, que forma parte de la nueva estrategia de la administración macrista.

Historia repetida

Lo que está pasando ya es conocido y nada bueno parió. Con Martínez de Hoz se desreguló y se debilitó a YPF con medidas similares. En los ochenta, Alfonsín con el Plan Houston y el saboteo a las empresas públicas, incluyendo Gas del Estado, YPF, SEGBA, etc. prepararon las condiciones para la privatización-desnacionalización masiva del patrimonio público. En los noventa vino el broche de oro, con la frutilla del postre que fue la desnacionalización de YPF y las exportaciones masivas de petróleo y gas en un contexto de caída de la producción, del horizonte de reservas y energía más cara y escasa. El Decreto 1277/2012 permitía al Estado Nacional exigir a las compañías petroleras la realización de inversiones y con ello aumentar la producción de hidrocarburos y expandir las fronteras productivas de los yacimientos. Pero el nuevo decreto desregulador es un golpe letal a la renacionalización de YPF (16 de abril de 2012) y a un marco regulatorio que prioriza a la energía -específicamente a los hidrocarburos- como bien estratégico para la industrialización y la seguridad jurídica de la ciudadanía.

Ni seguridad energética ni federalismo

La decisión tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF, así como las medidas que siguieron, fueron recuperando los niveles de reposición de reservas, producción y refinación. Es por ello que desde nuestro Observatorio reclamamos la continuidad de las políticas trazadas por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Se ha tratado de una verdadera comisión interdisciplinaria de los principales órganos del Estado Nacional que permitió abordar la temática desde una perspectiva global, y, fundamentalmente, lograr que el Estado Nacional se desempeñara como un tercer actor entre las provincias, propietarias de los yacimientos hidrocarburíferos y las compañías petroleras que operan en los diferentes eslabones del sector, exigiendo a estas últimas la realización de inversiones para alcanzar el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos y acompañar el crecimiento de la demanda local. Sucede además que tanto hoy como ayer, las provincias no están en condiciones sin el Estado Nacional de realizar las tareas de la hoy disuelta Comisión. Esto no es federalismo -que es Nación y provincias trabajando coordinadamente en pos del bien común-. Esto es disolución del federalismo, es decir, de la Nación como un todo. Las multinacionales, la mayoría de las cuales son mucho más poderosas que varias de nuestras provincias productoras, ya habrán agradecido esta medida. La historia acá también se repite.