Martín Lanatta anunció que en un futuro impreciso colaborará con la justicia para explicar por qué se escapó de la cárcel de General Alvear, en la que estaba cumpliendo una condena a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Ayer, cuando el fiscal de Azul Cristian Citterio lo entrevistó en el penal de Ezeiza, donde ahora está detenido, se negó a declarar por consejo de sus abogados.

Es habitual que alguien sobre quien pesan cargos derivados de un supuesto raid delictivo cometido durante la fuga rechace brindar explicaciones apenas 48 horas después de ser arrestado. Ello no genera presunciones en su contra y, aunque así fuera, Lanatta está condenado a la pena más grave que contempla el Código Penal.

- Sus abogados podrían utilizar la exposición mediática que le generó la duración de la fuga para llamar la atención sobre la causa madre, la condena por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Por estas horas, está en construcción la argumentación que liga el pedido de revisión de la condena –a partir de la supuesta debilidad que invocan los defensores sobre las pruebas de cargo– y el singular escape de la cárcel bonaerense.

"Dijo que en un futuro cercano iba a colaborar", anunció el fiscal Citterio. Los abogados que lo defienden –encabezados por María Elizabeth Gasaro– ya tienen en claro qué fue lo que pasó y qué es lo que, cuando lo consideren apropiado, le harán declarar.

En términos concretos, la acumulación de causas les permitiría a los defensores batallar en un solo frente.

- Mientras duró la fuga, los abogados deslizaron que en rigor no se había tratado de un acto voluntario. Y uno de los hermanos de Víctor Schillaci, Franco –hoy también detenido por el delito de encubrimiento– deslizó que les habían "abierto la puerta" para hacerlos "aparecer muertos" porque "no podían matarlos en la cárcel". Pero nada de ello ocurrió.

- Por lo pronto, uno de los integrantes de ese equipo de defensores, Humberto Próspero, movió la primera pieza de la estrategia procesal. Le pidió al juez federal Sergio Torres una suerte de unificación de dos causas, la fuga y el episodio del tiroteo con policías bonaerenses en un retén en la localidad de Ranchos. Pero Torres es un juez federal, y está en la causa por una denuncia presentada por el gobierno nacional sobre el supuesto apoyo que le habrían prestado –a él y a los otros dos prófugos– organizaciones de narcotraficantes todavía no identificadas. El planteo parece tener pocas posibilidades de prosperar.

En términos concretos, la acumulación de causas les permitiría a los defensores batallar en un solo frente. Pero a menos que se pueda demostrar que hubo sostén narco para la fuga y la logística posterior, probablemente Torres deje de intervenir, más tarde o más temprano, en los expedientes. Todo lo que ocurrió tuvo escenarios geográficos ajenos a la Capital Federal, y Torres es juez federal en el distrito porteño.

- La defensa de Lanatta pidió a Torres que le reclame la inhibitoria a los tribunales penales de Azul y Coronel Brandsen. Pero la causa que instruye Torres está en "pleno trámite" y más allá de las imputaciones genéricas, no hay un avance que explique por qué los tres recapturados están detenidos a su disposición. Ni Martín Lanatta, ni su hermano, ni Víctor Schillaci fueron siquiera indagados en el expediente sobre los supuestos vínculos con organizaciones narcocriminales.

Sin embargo, el juez anotó las detenciones de los prófugos a disposición de todos los juzgados que ordenaron sus arrestos. Los tres recapturados estarán separados entre sí y del resto de los presos, pero en el mismo penal, el de Ezeiza. Y bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.