Las discusiones paritarias, en el marco del Consejo Económico y Social, siempre fueron presididas por declaraciones cruzadas entre dirigentes gremiales y empresarios para evitar poner un límite a los reclamos y, de parte de las empresas, impedir aumentos desmedidos por fuera de todo índice de inflación. 

En los últimos años, además, los trabajadores venían reclamando por una suba del mínimo no imponible para tributar Ganancias, en un contexto de bajo desempleo (el kirchnerismo lo dejó en 5,9%) y con unarelativa expansión del salario real, sobretodo hasta el 2013.

Según consignó Tiempo Argentino, la mayor o menor virulencia de las discusiones previas buscaban condicionar las expectativas de las partes, pero en los hechos la cantidad de acuerdos y convenios homologados por el Ministerio de Trabajo siempre fue en alza: de los 406 en el 2003 se llegó a los 1425 el año pasado. 

Se trata, por lo tanto, de una herramienta que durante el kirchnerismo fue consolidándose como instancia de recomposición salarial para los trabajadores y distribución del ingreso.

El Gobierno tiene la necesidad de dar ‘señales’ a inversores y piensa la cuestión salarial en ese contexto.

Claro que, en la actualidad, la coyuntura que antecede a las discusiones paritarias se han recalentado como nunca. Al contexto general de despidos masivos en el Estado y reducción de personal en el sector privado,durante la última semana el Ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, volvió a poner un techo a los reclamos salariales al anticipar para este año una inflación entre el 20 y el 25%. “Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado”, advirtió Prat-Gay. 

El cálculo del Ministro, sin ningún respaldo documental que lo certifique, parece más un anhelo que una estimación fundada en datos objetivos: en un mes de gestión, el abandono de las restricciones cambiarias supuso una devaluación del 40% y, en las próximas semanas, habrá que seguir de cerca el impacto que tendrá la eliminación a los subsidios energéticos, que actualmente se ubican en un 2,9% del PBI y el Gobierno aspira a reducir al menos a la mitad durante este año.

Tiempo consultó a algunos especialistas para que dieran su parecer sobre la actual coyuntura que envuelve las discusiones paritarias de este año, donde en general se espera un elevado nivel de conflictividad y significativa caída del salario real.

Conflictividad

Nicolás Tereschuk, editor de Artepolítica, entiende que un elemento importante a considerar para evaluar qué perspectivas hay de continuar este año con un período de paritarias ininterrumpidas y crecientes, como el que se dio desde el 2003, son las señales que está dando el Gobierno.

“Se habla de un Acuerdo Económico y Social que no se sabe qué vínculo tiene con las paritarias. No se sabe tampoco si se tratará de un ‘congelamiento de precios y salarios’, modalidad que han tenido la mayoría de los planes de ajuste en la Argentina”, afirma. 

Y hace especial énfasis en las declaraciones de Prat-Gay invitando a moderar reclamos a condición de conservar empleos: “Ese tipo de definiciones son completamente diferentes a cuando, por ejemplo, Duhalde dio la ‘señal’ de imponer un decreto que fijaba doble indemnización por despido, pero también los informes de grandes bancos privados que hablan de que se deben contener los salarios para que no se pierda los márgenes de ganancia ganados por ciertos sectores con la devaluación. 

El Gobierno, por lo tanto, tiene la necesidad de dar ‘señales’ a inversores y piensa la cuestión salarial en ese contexto. Esa ‘determinación’ del Ministro de Hacienda es escuchada por sindicatos y empresarios, pero también por otros actores como inversores, prestamistas y comisionistas externos”, sostiene el especialista.

Para Sergio De Piero, politólogo integrante del Área de Estado y Políticas Públicas de FLACSO y docente universitario, el nivel de conflictividad dependerá de las expectativas: “Las declaraciones del Ministro de Hacienda claramente van en el sentido de condicionar las expectativas, realizadas en un contexto de despidos masivos en el sector público y caída de la mano de obra que ya se avizora en el sector privado. Pero, a la vez, más de 10 años de paritarias generan en los trabajadores una expectativa alta, para al menos recuperar nivel frente a la inflación”, enfatiza.

Sin techo

Efectivamente, el efecto de los masivos despidos en el Estado están encontrando su impacto en el sector privado: los empresarios toman el ejemplo de lo que el Estado hace hacia adentro y revisan sus costos laborales, buscando reducir personal con la idea de que así ganan competitividad en un mercado interno cada vez más deprimido y con niveles de consumo en baja: Techint, empresas petroleras y mineras y algunos casos específicos como Cerámica San Lorenzo, Cresta Roja o suspensiones en la textil Felson así lo demuestran.

“No vamos a permitir de ninguna manera que se nos fije un techo al pedido que haremos en paritarias. Las desafortunadas declaraciones del Ministro de Hacienda están en sintonía con las políticas de ajuste que está aplicando este Gobierno, que nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto. No hay negociación posible para nosotros que no arranque desde un 30-35%. A la inflación del año pasado hay que sumarle los efectos de la devaluación y caída del salario real que esto produjo, con lo cual no vamos a aceptar ningún tipo de condicionamiento en la discusión salarial”, advierte a Tiempo Pablo Michelli, de la CTA Autónoma.

Tereschuk afirma que el Gobierno Nacional dispone de una serie de herramientas para morigerar la conflictividad social mediante negociaciones con la dirigencia sindical. Y que, en ese contexto, hay que ver lo que ocurre con sindicatos donde ha habido más actividad de los delegados de base. “Por ejemplo: cuando el Gobierno de Carlos Menem inició una serie de fuertes reformas económicas que achicaron el ámbito de influencia del Estado y tuvieron un impacto negativo sobre buena parte del sector industrial, lo hizo con la reducción de la inflación como telón de fondo y eso, junto a negociaciones con los sindicatos, disminuyó inicialmente la conflictividad sindical, que más tarde creció.  Las declaraciones de Prat-Gay en el sentido de un juego de suma cero entre salarios y puestos de trabajo se ajusta en general a la realidad de los gremios industriales pero es diferente en el caso de los de servicios y los vinculados al sector público”, advierte.

El gobierno quiere aplacarlos con dinero

Aún con fuertes cuestionamientos, la última medición de la inflación durante el kirchnerismo que realizó el año pasado el Indec había arrojado hasta octubre una inflación del 15 por ciento. Estimaciones del propio Jorge Todesca, actual Director del Instituto, la ubicaron en 23% para todo el año. Sin embargo, las paritarias de las principales actividades del país cerraron sus acuerdos salariales de 2015 con aumentos de entre el 27 y el 32%, aunque muchos de los convenios homologados por Trabajo incluyeron pagos no remunerativos que pasaron a engrosar los salarios y, en algunos casos, treparon hasta un 36% en un año. Ello, en un contexto de baja desocupación y políticas de ingresos activas.  No parece ser el caso de las paritarias de este año y la puja entre la posición más dura de algunos gremios y los intentos del Gobierno por poner un techo a los reclamos anticipa duras negociaciones. El Gobierno buscará retomar la iniciativa en febrero garantizando modificaciones en Ganancias y la suba de asignaciones familiares y más fondos para las obras sociales, acaso el argumento de mayor peso con el que intentará seducir a los dirigentes más duros.