A tan solo un mes de gobierno de Mauricio Macri, los eslogans de campaña quedan atrás y la sumatoria de medidas van definiendo con mas claridad lo que los nombres propios del Gabinete anticipaban. A pesar de los discursos de unidadd y consenso recurrentes en la campaña electoral, la batería de medidas tanto en el plano económico como político favorecieron una profunda distribución regresiva, que benefició a determinados sectores concentrados del agro y la exportación, perjudicando a la gran mayoría de los asalariados y los sectores más vulnerables. Este golpe distributivo no sólo se efectivizó con una devaluación superior al 40% que degradó el poder adquisitivo de los salarios, sino que con el fin de las retenciones al trigo, el maiz,y la rebaja progresiva de las retenciones a la soja, se generó una acumulación de ganancias en favor de los grandes productores agrarios.

En esa dirección van las definiciones expresadas por el ministro de Finanzas Prat-Gay, en relación a las próximas paritarias y a la supuesta actitud flexible que deberían tener los sindicatos en sus pedidos de recomposición salarial para evitar afectar el empleo de sus representados. Reflejan toda un concepción ideológica. Esta flagrante contradicción de los supuestos adalides de la desideologización de la gestión de gobierno irrumpe en las primeras semanas de mandato implementando una batería de medidas propias del dogma neoliberal.

Esta voz de alerta quizás sirva para que mas allá de la decisión electoral de cada ciudadano en el cuarto oscuro, podamos como sociedad sensibilizarnos con los más débiles y vulnerables.

Con la estrategia discursiva de culpar de los grandes males de la República a los gobiernos kirchneristas, se ha iniciado desde antes de fin de año una ola de despidos en las distintas administraciones públicas tanto municipales, provinciales, gobernadas por la alianza Cambiemos, como así mismo en el ámbito nacional. Esta señal ajustista de la Ceocracia Macrista tendrá seguramente su correlato en el ámbito privado.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo muestra su prescindencia en más de un conflicto entre privados, como recurrentemente lo denominó el Presidente Mauricio Macri, coincidiendo con el ministro de Transporte Dietrich ante la ruptura del contrato de Aerolíneas Argentinas, efectivizada por dicho funcionario, que al negarle el subsidio para garantizar las comunicaciones aéreas de distintas localidades del interior del país, genero el pedido de quiebra de la empresa Sol, dejando a mas de trescientos trabajadores en la calle. Esta actitud prescindente de la cartera laboral, de hacerse tendencia, dejaría de lado la esencia de su rol regulador de las relaciones laborales y la primordial funcion del Ministerio de Trabajo –ante la profunda asimetría entre el capital y trabajo– como ámbito de resolución de los conflictos colectivos.

Pero, ¿qué hay detrás de este dogmatismo ajustista? En principio, camuflado por el eslogan de reducir el abultado déficit publico, se esconde un brutal recorte de la inversión que el Estado debe realizar en el ámbito de lo social para poder garantizar la sobrevivencia de ciento de miles de ciudadanos que ocupan el peldaño mas bajo de la escala social.

La denuncia mediática realizada por la nueva administración del indice del 13% del déficit fiscal, como la peor herencia heredada por el  anterior gobierno,como un hecho escandaloso, niega el carácter  morigerador de la desigualdad social, de determinados subsidios para las familias mas vulnerables y para un universo importante de trabajadores de bajos salarios, que les permite hacer frente a los gastos de electricidad, gas, agua corriente junto a los subsidios de transportes que garantizan la existencia de tarifas acordes al poder adquisitivo de ese numeroso y variado sector social.

Bajar abruptamente estos índices profundizaría aún más la actual situación recesiva producida por la devaluación del 40% decidida por este gobierno antes de fin de año. Estas políticas, sumadas a la propuesta de encorsetar la futura recomposción salarial a definirse en las convenciones colectivas de trabajo con guarismo entre el 20  y el 25% de incremento, seguirá profundizando la perdida del poder adquisitivo de los salarios iniciados en diciembre. De ser así, lo que se busca por parte del actual gobierno es un objetivo que en otras oscuras épocas se intentó lograr: el disciplinamiento social, principalmente del universo de trabajadores, por vía de distintos dispositivos como el desempleo creciente, la inflación o en su defecto la represión. Desde el Rodrigazo en el invierno de 1975, que aceleró el giro neoliberal del gobierno de Isabel Martínez, tratando de disciplinar la conflictividad obrera de las históricas Coordinadoras de gremios en Lucha, como la posterior represión que implanto el terrorismo de Estado ejercido por la dictadura cívico-militar de marzo de 1976, como la hiperinflación del último tramo del gobierno de Raul Alfonsín, signado por un verdadero golpe económico, y las siniestras cifras de desocupación de mas del 20% en el año 2001 con el gobierno de la Alianza Radical.

Hoy, a diferencia de dichas coyunturas, vivimos un escenario difícil, porque por primera vez por medio de elecciones la derecha gobierna sin ayuda de los militares o el travestismo menemista. En medio de los primeros 100 días de gobierno, con el parlamento sin sesiones, el supuesto gobierno del consenso y el dialogo avanzo en una inédita batería de DNU, con la obsesión de desmontar lo hecho por los gobiernos kirchneristas aunque esas leyes hayan sido votadas por una amplia mayoría como en el caso de la ley de medios. Un hecho significativo y a su vez simbólico es la detención de la dirigente social Milagros Salas en la provincia de Jujuy por tan solo realizar un acampe pacifico en la Plaza central de San Salvador acusándola de instigación a cometer ilícitos. El mensaje gubernamental es claro: de ahora en mas, la protesta social ante la profundización del ajuste económico sera ilegal, aunque la constitución la ampare.

A pesar de las remanidas advocaciones de campaña a superar el clima de la famosa "Grieta", la misma, desde la asunción del gobierno del ingeniero, se ve exacerbada desde las declaraciones de funcionarios de alto rango y por determinados medios que  prosiguen el blindaje o justifican cualquier acción de gobierno. En consonancia con esta caracterización, fue publicada una carta hace pocos días por el  Grupo de Curas en Opción por los Pobres: "Transcurridos los primeros 30 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, sentimos amenazada nuestra paz social, en serio riesgo la vida del pueblo trabajador y en especial de los pobres. Observamos una actitud de revancha de clase, superioridad intelectual, cinismo y discriminación en las intervenciones publicas de muchos funcionarios –incluyendo al presidente– en referencia a los militantes, el gobierno anterior, la clase trabajadora, el costo de la vida y los despedidos. Se ajusta el salario, hay despidos masivos y compulsivos, sin revelar los criterios de selección y sin decir como se crearán nuevos puestos de trabajo. Se extorsiona con el miedo a perder el empleo para desalentar las negociaciones paritarias. Se camina por la cornisa de la persecución ideológica hurgando en las redes sociales de los trabajadores, avasallando la privacidad y estigmatizando a los despedidos. Se habla desde un pretendido limbo político donde lo ideal es "no tener ideología" algo que lisa y llanamente es una mentira para absolutizar la propia ideología y eliminar cualquier otra". 

Esta voz de alerta quizás sirva para que mas allá de la decisión electoral de cada ciudadano en el cuarto oscuro, podamos como sociedad sensibilizarnos con los más débiles y vulnerables y no repitamos la distopía una vez mas de un país para pocos.