El nuevo protocolo antipiquetes que ideó el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, y respaldado por el Gobierno de Cambiemos, contiene un apartado que ha despertado polémica en torno al rol de la prensa y cómo el texto parece ambiguo sobre una posible coartación de la libertad de prensa en la cobertura de manifestaciones sociales. 

"La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento", dice el texto.

Poco queda claro en relación a las "zonas de ubicación determinadas" y si dificultarán o no el alcance de los periodistas y la prensa en general al lugar de hechos que podrían producirse entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Hoy, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Millman, no aportó muchas precisiones al respecto. El funcionario de la cartera de Bullrich explicó que "la prensa puede ejercer libremente su derecho y no hay coerción". "Vamos a dialogar con asociaciones de periodistas para dilucidar esto. Queremos que hagan su trabajo sin que sean parte de la interrupción del tránsito. Vamos a hablar con todas las asociaciones que quieran hacerlo", agregó. 

"Lo que no queremos es otros camiones (móviles de televisión) cortando también la calle, sino poder ordenarlos. Nosotros vamos a dialogar, por eso iniciamos una ronda de conversaciones", enfatizó. 

Quien alzó la voz sobre este tema fue el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que emitió un comunicado al respecto.

"El texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación, lo cual deja un amplio espacio librado a la aplicación de estas disposiciones, no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría. Este artículo podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo. Más allá de destacar que los periodistas no deben obstaculizar los operativos de las fuerzas de seguridad, Fopea considera que ninguna disposición debe violentar el derecho a informar libremente, según la visión que cada medio tenga del conflicto que se desarrolle", consideró FOPEA.

También se sumó a las críticas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo "limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta. Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta".