El Ministerio de Defensa, a cargo de Julio Martínez, firmó hoy una resolución que habilita a los detenidos por crímenes de lesa humanidad volver a atenderse en hospitales militares. Ese permiso había sido revocado por el ministro Agustín Rossi en 2013, luego de que dos represores se fugaran del Hospital Militar Central Cosme Argerich.

La firma de la resolución 65/2016 había sido adelantada en exclusiva por Infonews y hoy fue publicada en el Boletín Oficial. Allegados al ministro afirmaron que no se trata de “un beneficio a los represores” sino de un tema técnico. Alegan que muchos represores recurrían a la justicia para conseguir ese permiso y que, al cabo de un tiempo, lo obtenían, por lo que la resolución 85/2013 en realidad no se cumplía. También dicen que la seguridad de los traslados depende del Servicio Penitenciario y no de su área de incumbencia, “por lo cual esta medida no propiciará nuevas fugas”.

Allegados al ministro afirmaron que no se trata de “un beneficio a los represores” sino de un tema técnico.

En los fundamentos del texto publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno se basó en un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación titulada "La situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales argentinas", donde se advierten varias falencias, además de falta de falta de equipamiento y personal especializado para atender las urgencias médicas de las personas privadas de su libertad.