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Denuncia internacional contra la justicia tucumana

La provincia del norte argentino es una tierra donde el desconocimiento de los derechos indígenas y la impunidad de aquellos que los violan es moneda corriente.

Abogada Belén Leguizamón
Abogada Belén Leguizamón

 

Tucumán es una tierra de litigios en la que los abogados, al menos los de los indios, reciben llamados de atención muy parecidas a presiones de esas que no se pueden aguantar. En un hecho sin antecedentes, al menos que esta cronista recuerde, la Cámara Penal de Tucumán, amonestó a Belén Leguizamón por pedir, a siete años del hecho, que los tucumanos acompañen el reclamo de juicio por el asesinato del comunero Javier Chocobar.

Amnistía Internacional, Andhes, Cels,la Confederación Mapuche, Iwgia,Xumek, Fundación Asociana y Redaf denunciaron "alarmados" ante la OEA y las Naciones Unidas la actuación de la fiscal de la Cámara, Marta Ignacia Jerez -y que el organismo hizo propia- que acusó a Belén Leguizamón de "falta total de lealtad y probidad, particular y especialmente por tratarse el presente caso de una problemática donde está en juego los derechos y garantías de los imputados". Los imputados son los acusados de haber dado muerte a Javier Chocobar y la "falta" de la abogada es por decir que retardo de justicia no es justicia ante los medios de comunicación.

La queja llegó a Victoria Tauli Corpus, la Relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dice en una de sus partes más salientes:

"Resulta de suma preocupación que en lugar de avanzarse en la investigación del homicidio de un líder indígena, que ha permanecido impune por los últimos siete años, la justicia se aboque a la sanción de quien ejerce y representa a una comunidad que aún no ha encontrado en el Poder Judicial una respuesta.

La vulneración, entre otros derechos, de la libertad de expresión de Belén Leguizamón, por parte de aquellos que deberían resguardarlo prendió una luz de alerta frente las situación latente en la provincia de Tucumán: el desconocimiento de los derechos indígenas, la impunidad de aquellos que los violan, y el hostigamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos".

El 12 de octubre del 2009, una banda armada encabezada por Darío Amín -según los medios tucumanos un terrateniente-, acompañado por dos policías Humberto Gómez y José Valdiviezo, ingresaron a los tiros a la comunidad Chuschagasta, ubicada en Trancas, al norte de la capital tucumana. Ese emblemático día dispararon y asesinaron a Javier Chocobar que rechazó la pretensión de los invasores de quedarse con las tierras de la comunidad. Aunque existen videos, denuncias, se hicieron marchas y reclamos y a punto de que se cumplan ocho años del impune acontecimiento, la justicia tucumana aún no fijo fecha para el inicio del juicio y se permite acusar a la abogada defensora.

La abogada Leguizamón integra Andhes y este es el link de ese organismo de defensa de derechos humanos del noroeste argentino http://andhes.org.ar/abogada-sancionada-por-defender-ddhh-denuncia-ante-onu-y-oea/

Periodista interesada.en Pueblos Indígenas, Socioambiente y Campesinado. Twitter: @Albafwa



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