La batalla judicial encarada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la acoso judicial que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio, tendrá la semana próxima un nuevo capítulo en el Consejo de la Magistratura.

El órgano del Poder Judicial encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados, al que acudió la ex jefa de Estado para pedir la remoción del polémico juez que la investiga por las operatorias realizadas por el Banco Central con el dólar futuro, deberá sortear al "consejero instructor".

La comisión de Acusación y Disciplina, que preside Adriana Donato, sorteará el próximo jueves el expediente entre los nueve consejeros que la integran y, quien resulte sorteado, se convertirá en el "consejero instructor", que tendrá a su cargo el análisis de la denuncia en cuanto a si tiene los requisitos formales que se requieren para tener trámite, o si será desestimada, según explicó Fátima Cheade de la agencia Télam.

Esta denuncia no es "ordinaria" ni "una más" entre tantas, ya que la hizo la ex presidenta, que estuvo a cargo del Ejecutivo durante dos periodos constitucionales consecutivos.

Uno de los tres representante de los jueces en el Consejo e integrante de la comisión, Leónidas Moldes, aseguró que el sorteo es en realidad un acto "de práctica ordinaria", ya que todo el tiempo ingresan denuncias contra magistrados. "Las denuncias se sortean periódicamente y esta no es una excepción", remarcó.

Sin mebargo, cabe destacar que esta denuncia no es "ordinaria" ni "una más" entre tantas, ya que la hizo la ex mandataria, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo durante dos periodos constitucionales consecutivos, y el juez Bonadio dió curso a todas las presentaciones en su contra o contra su gobierno, teniendo o no pruebas firmes para llevar adelante las investigaciones.

Según una fuente del Consejo de la Magistratura, cada año ingresan por Mesa de Entradas al edificio de Libertad 731 "unas cuatrocientas" denuncias que siguen el mismo circuito de sorteo e instrucción que tendrá la hecha contra Bonadio.

El juez Bonadio dió curso a todas las presentaciones en su contra o contra su gobierno, teniendo o no pruebas firmes para llevar adelante las investigaciones.

"La mayoría de los jueces federales tienen denuncias en su contra", consignó la misma fuente en diálogo con Télam, y añadió que no siempre son fundadas en causales que motiven un trámite por mal desempeño, como la iniciada por Cristina, sino que la mayoría de las veces es porque cuestionan el sentido de la sentencia, algo en lo que el Consejo de la Magistratura no tiene jurisdicción..

¿Intentaran desestimar la denuncia?

El Consejo de la Magistratura es el lugar donde ingresan todas las denuncias contra magistrados, y cualquier ciudadano puede presentar su reclamo que, muchas veces, es desestimado porque su motivación es que no comparten el criterio de las resoluciones.

En el caso de Bonadio, existen por ejemplo tres denuncias de 2014 que casi no han tenido movimiento y que seguramente terminarán siendo desestimadas cuando cumplan los tres años.

Esas denuncias por lo general "permanecen abiertas por ser la mayoría de las veces improcedentes", a la espera de su caducidad, que es a los tres años, cuando se vota en la Comisión de Disciplina y Acusación, primero, y luego en el plenario, su desestimación ín límine

"El sistema está funcionando", elogió Moldes, al tiempo que recordó que dos jueces, Raúl Reynoso y José Antonio Charlín, están a la espera de que sea fijada la fecha para su juicio político, luego de haberse aprobado en el plenario.

Si bien estas denuncias por lo general se presentan en el marco de procesos comunes, en el caso de la de Cristina Fernández contra Bonadio reviste un contenido político, que muy pocas veces se da.

Vale recordar que la ex presidenta denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Bonadio para que se le inicie allí un juicio político por "mal desempeño" y "prevaricato", luego de que el magistrado le tomara declaración indagatoria por la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de dólar futuro.

La ex mandataria, que hizo la denuncia a través del mismo abogado que la acompañó a los tribunales federales de Comodoro Py, Carlos Alberto Beraldi, solicitó en el escrito que "se proceda a suspender al magistrado denunciado y a formular acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento por la causal de mal desempeño".

La hermenéutica del Consejo de la Magistratura

Si el consejero instructor determina que la denuncia cumple con los requisitos formales, la lleva para su debate a la Comisión de Acusación y Disciplina, que elaborará un dictamen (o varios) que seguirá su trámite en el plenario, donde será debatido y votado por todos los integrantes del Consejo (13 miembros).

El plenario decidirá finalmente si la acción denunciada contra el magistrado merece una sanción menor o es causal de mal desempeño, pudiendo en esta instancia abrirse la posibilidad de que el juez sea citado por el artículo 20 (una declaración indagatoria), y luego pedirse el juicio político.

En el caso de que el magistrado denunciado tenga otras causas relacionadas presentadas ante este órgano encargado de seleccionar, controlar y sancionar a los magistrados, la presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina consignó que "es una posibilidad que las mismas se acumulen", siempre y cuando se refieran a "los mismos hechos descriptivos y presenten una motivación para ser acumuladas".

La función de la Comisión de Acusación y Disciplina es proponer al plenario del Consejo de la Magistratura sanciones disciplinarias a los magistrados por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia, pudiendo ser los jueces sancionados con advertencia, apercibimiento o multas de hasta un 30 por ciento de sus haberes, y también suspendidos o removidos.

La Comisión está integrada por nueve miembros: un representante de los abogados de la matrícula federal (Adriana Donato), dos senadores (Angel Rozas y Ruperto Godoy), dos diputados (Gustavo Valdes y Héctor Recalde), dos jueces (Luis María Cabral y Leónidas Moldes), el representante del ámbito académico y científico (Jorge Daniel Candis), y el representante del Poder Ejecutivo (Juan Bautista Mahiques).