Sociedad

Cooperativistas resisten el desalojo y piden una reunión con Triaca

Trabajadores autogestionados de las cooperativas La Casona y La Litoraleña realizaron una comida solidaria en la tradicional esquina de Corrientes y Maipú en defensa de sus fuentes de trabajo. El 11 de octubre marcharán del obelisco al Ministerio de Trabajo.

Las cooperativas La Casona y La Litoraleña unieron fuerzas para defender sus fuentes de trabajo. En la esquina de Corrientes y Maipú repartieron ñoquis, tallarines y empanadas de manera gratuita para dar a conocer sus conflictos que ponen en riesgo la fuente de trabajo de 150 familias.

Ante esta situación, ambas cooperativas realizarán una marcha del Obelisco al Ministerio de Trabajo para pedir una reunión con Jorge Triaca, en busca de una solución a su conflicto.

“Nosotros nos hicimos cargo de la deuda de seis meses de la empresa, se la pagamos al dueño y le demostramos que podemos pagar, que podemos renovar y firmar un contrato. Pero la intención de ellos era otra, cobrar esa deuda y después sacarnos”, contó Mario Romero, presidente de la cooperativa La Casona, a Infonews.

El conflicto en La Casona lleva por alrededor de dos años: “La Justicia hace todo lo posible por darle la razón al empresario a pesar de que demostramos la estafa que ellos nos hicieron a nosotros. No hubo caso de convencerlo al juez, por más que le demostremos todas las pruebas necesarias de que podíamos pagar, de que habíamos empezado un acuerdo con ellos. Nos habían prometido renovar el contrato, pese a esto, hace 20 días el juez sentenció en contra nuestro. Ahora estamos en la etapa de apelación, y por eso empezamos estas actividades para difundir lo que estamos pasando”, agregó. Al respecto, concluyó: “La promesa para renovar era para que nosotros paguemos. Los dueños del local querían cobrar para que no le quede esa deuda adentro. Nosotros le mostramos nuestra buena voluntad pero la intención de ellos era otra era cobrar y después sacarnos”.

El restaurante La Casona funciona desde 1990 en la mítica esquina de Maipú y Corrientes, en pleno centro porteño. Hoy hay 48 asociados en la cooperativa y están por abrir una pequeña sucursal en Lanús y piensan incorporar 15 personas. Otro síntoma de que están en condiciones de pagar el alquiler del lugar, como lo vienen haciendo, depósito judicial mediante, desde el primer día que los trabajadores se hicieron cargo. “Pero así y todo no hubo caso para convencer a los dueños y al juez”, concluyó Romero.

La situación de La Litoraleña es similar pero en este caso, el dueño presentó quiebra y es la jueza quien no les da el permiso de trabajo. “La jueza comercial María Pérez Casado nos denegó el permiso para trabajar siendo que ya está la quiebra hace dos meses. Tenemos una denuncia penal por usurpación y por eso tenemos el desalojo inminente”, advirtió Luis Baini, presidente de la cooperativa La Litoraleña. “El 5 de octubre tenemos una audiencia en la fiscalía 2 de Cabildo y vamos a ver como lo vamos tratando. No nos dan tiempo y nos quieren sacar a la calle, somos 67 familias”, sostuvo.

Baini se mostró confundido por el cambio de postura de la jueza, quien en un primer momento estaba dipuesto a darle el permiso y luego cuando salió la quiebra cambió de parecer y pone en riesgo la fuente laboral de 67 familias. “A nosotros no nos dejan trabajar pero demostramos que lo podemos hacer”, afirmó.

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