El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuán en la causa por la que se los investiga por haber permitido por decreto el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales.

El fiscal sostiene que pudo existir "abuso de autoridad", ya que el mencionado decreto introduce cambios en una ley aprobada previamente por el Congreso.

Luego de que se explicitara que no se iba a permitir el ingreso de familiares, Macri modificó la ley mediante el decreto 1206, donde admitió la incorporación al régimen de sinceramiento fiscal de los cónyuges, padres e hijos de funcionarios públicos, que habían sido excluidos de la ley sancionada por el Congreso.

La única salvedad dispuesta por el Ejecutivo fue que los bienes a blanquear hayan sido adquiridos previo al ingreso del funcionario a la administración pública. El decreto causó rechazó en buena parte de la oposición y la sociedad y conllevó a la apertura de una causa judicial.

La diputada de Río Negro María Emilia Soria fue quien presentó la denuncia penal que fue acompañada, entre otros, por el presidente del Bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, María Teresa Garcia, Rodolfo Tailhabe, Dario Martínez y Silvina Frana.