Ayer mataron a un pibe con un tiro en la frente, a 10 cuadras del Congreso de la Nación, en Jujuy y Carlos Calvo. En las narices de todos los porteños la Policía ejerce la pena de muerte de hecho. Los vecinos cuentan que el pibe iba corriendo entre los autos perseguido por otra persona, intentó subirse a una camioneta y ante el grito de “alto, policía” de un agente de la Federal que se encontraba de civil se detuvo, se arrodilló y levantó las manos para entregarse. Sin mediar palabra, a quema ropa, el policía le pegó un tiro en la frente. “¡Asesino!” gritaron los vecinos que se encontraban en el lugar al que después, con el apoyo de la impunidad de la fuerza policial y amparado por un Estado represivo, se hizo el desentendido, porque: ¿quién iba a reclamar por un pibe pobre de la zona sur de la Ciudad?


Este caso se enmarca en una constante de violencia policial contra adolescentes y jóvenes, más precisamente los de los barrios populares de la zona sur de la Ciudad. Durante todo el año se hicieron públicos numerosos hechos: en febrero la Gendarmería abrió fuego hiriendo a decenas de chicos y chicas que estaban ensayando con su murga en el Barrio Bajo Flores; en octubre tomó público conocimiento la detención ilegal y arbitraria sobre dos adolescentes de la Garganta Poderosa que incluyeron torturas; y hoy debemos lamentar otro caso de gatillo fácil. Además de estos casos que cobraron resonancia pública, la mayor cantidad de prácticas de violencia, hostigamiento, persecución, amenazas y torturas que ejercen las fuerzas públicas sobre adolescentes y jóvenes de la Ciudad se producen cotidianamente y sobre ellas no queda ningún tipo de registro formal, como fue identificado en los últimos informes sobre el tema (como el recientemente presentado por el CELS junto a Universidades). Esto deja en evidencia que no se trata de errores ni hechos aislados, sino de un modus operandi represivo específico y del efecto sobre los más jóvenes de una política de seguridad basada en el control poblacional.
Los datos estadísticos sobre el tema muestran el efecto de estas políticas sobre adolescentes y jóvenes, incluso sin estar aún disponibles los del año en curso. Un informe reciente de la ProCuVin (Procuraduría de Violencia Institucional – Ministerio Público Fiscal), analiza las denuncias realizadas ante dicha Procuraduría por adolescentes que ingresaron al CAD por la violencia sufrida durante su detención y hasta llegar a dicha institución. De acuerdo al informe, las denuncias de violencia contra adolescentes que son sospechados de haber cometido un delito aumentaron en la Ciudad más de 1,6 veces en el 2015 con respecto al 2014. El informe de la ProcuVin muestra que las denuncias de violencia institucional con niños y jóvenes se concentran en los barrios de la zona sur: por lo menos el 54% de las denuncias ocurren en territorios de las comisarías del sur de la Ciudad justamente donde se registran los 3 casos emblemáticos de violencias policial que mencionamos.
En este marco, es fundamental fortalecer y crear dispositivos de protección de derechos que resguardan la vida e integridad de nuestros pibes. Por ello propusimos que en el Plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se aprobaron Recomendaciones para que las fuerzas de (in)seguridad tengan capacitaciones en derechos, pero también control y sanciones a quienes no respeten los derechos de los pibes en su accionar.
En el mismo sentido, la Legislatura aprobó un proyecto de autoría del diputado por Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli que establece la creación del Mecanismo Local para la prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y/o degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual tiene como objetivo cumplir con las obligaciones internacionales en materia de prevención y erradicación de la tortura, en todo lugar de detención, internación y/o encierro de la Ciudad, como así también los dependientes de la jurisdicción porteña ubicados fuera de ella.
Por el asesinato de ayer, ya están interviniendo la Procuvin y el Cels para garantizar que el asesino sea juzgado. Estos hechos están ligados a una connivencia política, que difunde un discurso estigmatizante y criminalizador contra cierto sector de la población. Hasta este momento, ningún funcionario se expresó sobre este hecho, y eso también es violencia.
Nosotros seguiremos militando y construyendo herramientas para defender los derechos de todos los pibes y las pibas de la Ciudad.