Sociedad

El derecho y el revés

María del Carmen Verdú

La referente de Correpi María del Carmen Verdú escribió para Infonews una columna tras la detención de la militante de La Poderosa en la tarde del domingo.

Foto TW Claudia Cesaroni
Foto TW Claudia Cesaroni

Las leyes son para que las cumplan los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos
para poner un poco de orden a la explotación.
Los pobres son los únicos cumplidores de leyes
de la historia.
Cuando los pobres hagan las leyes
ya no habrá ricos.

Roque Dalton

No es casual que el “Manual Ilustrado del Pequeño Detenido” –el clásico de CORREPI contra las detenciones arbitrarias- empiece diciendo “Nadie tiene obligación legal de llevar sus documentos al salir a la calle, menos aún un menor de edad. Sin embargo, como la falta de documentos es una excusa habitual para detenerte, tratá de llevarlos siempre que salgas”.

No es casual, tampoco, que más adelante diga: “Los menores de 18 años pueden ser detenidos si están cometiendo un delito, o por orden judicial, pero no ‘en averiguación de identidad’ o ‘para identificar’; pero si te ocurre, o si te detienen "por estar en la calle después de las 22", o porque sí, recordá que…”

Es que, aunque la Constitucional Nacional, las de todas las provincias y la de la CABA, además de infinidad de otras normas, garantizan con vibrantes palabras una larga serie de libertades y derechos individuales y colectivos, entre los que se cuentan el de transitar libre y anónimamente la vía pública y el de hacer todo aquello que no está prohibido, en la vida real las cosas no funcionan de esa manera.

De vez en cuando se hacen visibles episodios como el de la compañera detenida por filmar el arresto de un pibito de 13 años. “Se hacen visibles”, porque lo novedoso es la trascendencia, no el hecho en sí mismo, que por su habitualidad difícilmente sorprenda a las víctimas habituales de la policía.

Después de alguno de esos pocos casos que trascienden, generalmente por la capacidad de respuesta popular organizada, sobreviene el debate y la opinología: que tenemos X derechos, que no es ilegal filmar un operativo policial, que no es obligatorio portar el DNI, que la Convención Americana de DDHH dice que en los países miembros la policía sólo puede detener personas en caso de delito flagrante o por orden judicial, que los actos de los funcionarios son públicos y por lo tanto un ciudadano puede preguntar por qué detienen a alguien o adónde lo llevan, etc.

Ni hablar de que el pibe o la piba de menos de 18 años no debe ser esposado/a ni llevado/a a una comisaría común, o el famoso derecho a que te digan el motivo de la detención o a la llamada telefónica…

Pero a la par de esas bonitas páginas garantistas, en todo el país tienen plena vigencia, y se aplican cada vez más brutalmente desde diciembre de 2015, las detenciones por averiguación de antecedentes o “para identificar”, los códigos de faltas y contravenciones, las razzias y las detenciones de menores de edad por el solo hecho de serlo.

En todo el país también –de nuevo, en los tiempos que corren, con mayor énfasis y frecuencia- el poder judicial actúa como lo hacen desde hace años la Corte Suprema de la Nación, la Suprema Corte provincial y la casi totalidad de los tribunales nacionales y provinciales, avalando funciones extrasensoriales como el “olfato policial”, o como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en enero de 2016, cuando dijo que la policía no necesita siquiera de la viscosa idea de “sospecha” para interceptar una persona.

Porque si del dicho al hecho hay mucho trecho, no quieran imaginarse el inasible abismo que va del derecho al acto cotidiano de la policía o cualquier otro uniformado.

El policía, el gendarme, el prefecto, primero detienen, y después barruntan la causa según la ocasión. Saben que todo un entramado legislativo y judicial justifica y legitima su accionar. Saben que todos esos derechos y garantías son sacrificables en el altar de la “seguridad ciudadana”, y que si alguien se interpone no faltará juez o fiscal que lo impute por “atentado y resistencia a la autoridad”.

Es evidente el rol de legitimador de la opresión que juega el aparato normativo en el sistema en que vivimos, que no está dispuesto a permitir alegremente que, ley en mano, entorpezcamos el control social.

Pero así como solos somos vulnerables, cuando se invierte la correlación de fuerzas podemos derrotarlos. Sucede a veces, en un andén ferroviario, cuando decenas de pasajeros defienden y rescatan al pibito que quieren arrastrar al cuartito donde todos sabemos lo que pasa. Sucede, también, cuando estamos preparados, y sabemos qué decir y cómo decirlo. Entonces los desubicamos, porque piensan que, a pesar de nuestra pinta, podemos ser alguien, o el hijo de alguien. Sucede, sobre todo, cuando en lugar de estar solos en manos de la policía, alguien –muchos- están ahí marcando presencia, haciendo preguntas y molestando.

Ellos tienen el fierro y el garrote, nosotros la necesidad de extremar la imaginación y la acción colectiva para aplicar algunas técnicas que no son una solución de fondo, pero ayudan a evitar una detención o alivian la situación del detenido y aceleran la soltura.

Porque tenemos que aprender a defendernos entre todos, hasta que, un día, ellos no estén, y las leyes las hagamos nosotros, para que las cumplamos todos. 

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