Sociedad

Cooperativas de ex detenidos reclaman asistencia del Estado

Diego Pietrafesa

Quien sale de un presidio tiene derecho a trabajar, como todos. Y es rol indelegable del Estado que ese derecho se cumpla.

Foto telam
Foto telam

Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. La canción de Atahualpa Yupanqui va camino a ser más repetida que “Despacito”. Y mientras seguimos bailando por un sueño, recién nomás sabemos que cerró una planta de Quilmes en Trelew y hay 48 despedidos. La planta de Carboclor en Campana acaba de bajar sus persianas, más trabajadores quedan en la calle. Hay despidos en la metalúrgica Tenaris, de Valentín Alsina. El 31 de mayo vence el acuerdo que impedía suspensiones masivas en Bahco. Denuncian que la asistencia oficial jamás llegó. ¿Qué pasará mañana?

Si hay un sitio donde el mañana está suspendido, ese es el universo de las cárceles, quienes la habitan y los que han abandonado sus cuatro gruesas paredes. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) reclaman que el Estado auxilie a uno de los sectores sociales más estigmatizados y perseguidos: los privados de su libertad.

Al amparo de la CTEP, tres cooperativas agrupan a un centenar de ex detenidos que se organizan laboralmente. Luis Magallanes es el presidente de una de ellas, “Los Topos y Topas”, en Derqui. Cuenta que “nos dedicamos a la construcción, con tareas de colocación de cloacas y suministro de agua potable en barrios populares. Nacimos a finales de 2015, otra de nuestras ramas se dedica al reciclado. Ambos emprendimientos reúnen a unos 73 compañeros”.

En el barrio porteño de Flores funciona la cooperativa Riff. Se dedican a la serigrafía, agrupa a personas que salieron de penales bonaerenses y que hoy cursan carreras universitarias en la Universidad Nacional de La Plata. Hay allí diez fuentes de empleo. En la ciudad de las diagonales se levanta otra iniciativa autogestionada, la cooperativa de carpintería “Las Termitas”, con más de 20 personas en actividad.

Magallanes denuncia serios problemas para la tarea que emprenden. Dice que “el Servicio Penitenciario traba burocráticamente nuestra acción, demoran la entrega de títulos recibidos en contexto de encierro y no ofrece flexibilidad al momento de reconocer equivalencias y correlatividades en las materias cursadas”. Se señala que falta capacitación interna en los penales que permita luego al liberado continuar con un oficio. Los antecedentes penales son una cruz: duran 10 años, con los que cierran la puerta a un trabajo formal. La Ley de Cooperativas, en su artículo 64, impide que los integrantes del Consejo Administrativo tengan manchado su prontuario, con lo que expulsa a aquellos que quieran organizarse.

La ocupación de una persona privada de su libertad no es una dádiva ni un capricho garantista, es ley. “El trabajo constituye un derecho y un deber del interno”, reza Ley 24.660 de Ejecución de la Penal. Quien sale de un presidio tiene derecho a trabajar, como todos. Y es rol indelegable del Estado que ese derecho se cumpla. ¿Por qué se traba tanto la organización laboral de los ex detenidos? Lo explica mejor que nadie Nacho, de la Cooperativa “Los Topos y Topas”, al indicar que “el sistema, de un lado y del otro, te limita; te dice que no te capacites, que no estudies, que si sos un negrito de un barrio humilde, una villa o un asentamiento, te quedes en tu casa. Nosotros tratamos de cambiar eso”.

¿Querían un cambio? Ya tienen por dónde empezar a ocuparse.
 

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