El gobierno de Mauricio Macri avanza a paso firme con un proyecto sobre "Libertad religiosa" con el que la Casa Rosada intenta imponer criterios de fe por sobre las leyes que rigen la vida diaria de los argentinos.

En este marco, la ONG Amnistía Internacional envió una carta al Presidente en la que le expresa su "alarma y preocupación". La comunicación fue remitida también al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; a la Comisión de Legislación Penal y a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ambas de la Cámara de Diputados.

El foco principal está puesto sobre el artículo 7 del proyecto oficial, ya que ese apartado proclama el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y las instituciones. Puntualmente, el texto dice que "toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica", incluyendo a los funcionarios públicos.

Según Amnistía, "este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la “objeción de conciencia”, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea “sincera” presumiendo la “buena fe” del objetor por la existencia de dicha norma religiosa".

En ese sentido, Amnesty subrayó algunos ejemplos de hasta dónde avanza el proyecto oficial por sobre la ley, la educación y la salud.

"Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación", dice el comunicado de Amnesty, que además, puntualiza:

"Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión".

"Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas".

"Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos".

La carta enviada a Macri