Organizaciones sindicales y de derechos humanos se reunieron junto a los legisladores porteños Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia); María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista); Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde (FpV) y Marcelo Ramal (FIT), quienes presentaron el proyecto para garantizar la protección de la actividad periodística en las manifestaciones. 

La reunión contó con la participación de trabajadores de distintos medios, como las agencias DyN, NA y Télam, Radio Nacional, Clarín, Tiempo Argentino, Agencia Paco Urondo, entre otros, que intercambiaron opiniones por casi dos horas.      

Los representantes de organizaciones sociales fueron Santiago Magrone y Mariano Eliaschev, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Daniel Vides, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA); Alejandro Carlos Ruiz, del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID); Miguel Iademarco, de  Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); Antonio Guillen, del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBO) y Nora Anchart, de Organización Madres de Plaza de Mayo.
 
Fuks, autor del proyecto y moderador del encuentro, explicó que, a raíz de los incidentes ocurridos este viernes pasado en la marcha por Santiago Maldonado como también en otras oportunidades, "el proyecto que presentamos busca que los periodistas no sean molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra  restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas".
 
Este proyecto expresa la modificación de la Ley de Seguridad Porteña -N° 5688- que establece las características y los criterios de uso directo de la fuerza de la nueva Policía de la Ciudad.
 

Al respecto, remarcó: "Proponemos la modificación del artículo 100 de dicha Ley, la cual fue arduamente debatida en esta casa legislativa, que trata sobre el protocolo utilizado por los efectivos de la fuerza en las protestas. El eje del debate que se planteó en su momento giró a un núcleo de garantías que la oposición exigió para aprobar la norma, como el uso de armas de fuego por parte de policías que están en contacto con los manifestantes, la identificación clara de los efectivos, entre otras".
 
Además, formaron parte de la mesa diferentes referentes de organismos competentes en materia legal y social, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI), que apoyaron el proyecto y se pusieron a disposición de los trabajadores de prensa.  
 
Finalmente, señaló "Estamos ante una crisis de seguridad pública en la Ciudad y de posible fracaso de la Ley que se está incumpliendo. Es necesario visibilizar esto de forma urgente, y lo que sucedió en la marcha del 1, como también  los antecedentes represivos del día del Ni Una Menos, entre otros, que ya están cruzando la línea roja de la transgresión para pasar a la ilegalidad".
 

 

Por su parte, las organizaciones sindicales detallaron con minuciosidad la violencia institucional que sufrieron por parte de la Policía de la Ciudad. Además, manifestaron su apoyo al proyecto y coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada con los diputados y organismos competentes para hacer públicos todos los hechos de violencia institucional a la que están sometidos durante su labor en la calle.
 
Asimismo, revelaron que hay una intención por parte del Gobierno de la Ciudad de impedir la documentación de las movilizaciones, y en consiguiente la represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad.
 
Cabe destacar, que en los fundamentos del proyecto de los diputados se detalla "resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial".   
 

   EL PROYECTO   
 
PROYECTO DE DECLARACIÓN
 
La Legislatura Porteña solicita al Poder Ejecutivo, en la elaboración del Protocolo de actuación de la Policía de la Ciudad en manifestaciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley 5.688 sancionada por esta Legislatura en 2016, la inclusión del siguiente texto referido a la actividad periodística:
"Los efectivos de la Policía de la Ciudad deben respetar, proteger y garantizarla actividad periodística. Los periodistas, invocando su sola condición,incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas. Asimismo, los efectivos policiales deben abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias".
 
FUNDAMENTOS
 
El pasado viernes 1° de septiembre en ocasión de cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado; familiares, organizaciones de derechos humanos, así como el conjunto de la ciudadanía se expresó pacíficamente en la Plaza de Mayo para solicitar al Estado argentino la aparición con vida de Santiago Maldonado, y el avance de la investigación que dé con los responsables de su desaparición.
 
Al finalizar la manifestación popular se sucedieron una serie de incidentes y hechos violentos que una vez más encontraron a la Policía de la Ciudad en una actuación cuya legalidad deberá ser investigada por el Poder Judicial, y por las áreas del Poder Ejecutivo que correspondan en virtud del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5.688 en cuanto al uso de la fuerza y la actuación en manifestaciones públicas.
 
La ley 5688 fue objeto de un amplio debate entre todas las fuerzas políticas representadas en esta legislatura y a raíz de ello se construyeron importantes consensos sobre las características que debe tener la nueva policía de la ciudad. Los criterios de uso directo de la fuerza son un aspecto fundamental que se debe respetar en las prácticas cotidianas de la fuerza de seguridad ya que involucran directamente la preservación de la integridad física y la vida de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.
 
En este caso, como así también ocurrió en la marcha de Ni Una Menos en marzo de este año, se vieron conductas claramente violatorias de la Ley, donde una vez concluida la manifestación se produjeron detenciones arbitrarias de personas que no tenían relación alguna con hechos vandálicos que había sido perpetrados dos horas antes. El pasado 1 de septiembre se sumaron grupos de personal policial no identificado con el uniforme reglamentario que actuó en apoyo a la represión y las detenciones sin que estuviera claro el supuesto de excepcionalidad que prevé el artículo 159 de la misma.
 
En esta oportunidad, se dieron a su vez detenciones de personas que se encontraban ejerciendo su actividad periodística, la que debe ser resguardada y protegida si efectivamente queremos vivir en una Ciudad que respete las instituciones, el orden democrático y la libertad de expresión. Fueron los organismos de derechos humanos, organizaciones que trabajan la temática de violencia institucional y asociaciones y sindicatos de prensa; los que estuvieron acompañando y asesorando a los detenidos luego de la manifestación del 1 de septiembre.
 
En este sentido, no se puede deslindar la responsabilidad político-institucional del Poder Ejecutivo, en la conducción operativa sobre el accionar de la Policía de la Ciudad, en la protección sobre el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Cabe señalar, que los Criterios Mínimos para el desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en manifestaciones públicas, aprobados por resolución 210/11, garantizaba la protección de la actividad periodística en su artículo 21.
 
Sin embargo, en lo que se pudo conocer del protocolo "anti piquete"; presentado por la actual Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se restringía dicha libertad. Esta situación fue alertada por diferentes organizaciones de trabajadores de prensa y reporteros gráficos, como por ejemplo SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) quienes denunciaron un "corralito periodístico". El comunicado de ARGRA señala que: “No es necesario reflexionar demasiado para concluir que una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde “una zona determinada” por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”. E hicieron “responsable en forma directa al gobierno nacional y a su ministra de seguridad por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social, y exigimos que se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable. No al Protocolo de seguridad. No al corralito periodístico.”
 
No establecer parámetros claros de actuación, afecta negativamente la libertad de prensa e impiden el control periodístico del trabajo policial. Darle atribuciones a la policía para restringir la cobertura de un hecho vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información pública y veraz. Así lo establecieron conjuntamente las relatorías que trabajan para la protección y promoción de la libertad de expresión en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos para quienes las autoridades deben asegurar que los periodistas puedan cubrir de manera adecuada las protestas sociales.
 
En este sentido, resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial.
 
Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo el acompañamiento del presente proyecto de Declaración.