Aún estudiando la legislación vigente -el Código Civil, la ley de aranceles inmobiliarios, o el capítulo de propiedad horizontal-, uno no sabe nunca lo suficiente para entender por qué tiene que juntar tanto dinero para ingresar a una vivienda alquilada, donde la aventura será perdurar un tiempo. Es decir, tener que alquilar en la ciudad de Buenos Aires, es un acto incomprensible aún para el más avezado.

La cuestión está en la suerte, la fortuna de encontrarse con alguien que justo sabe de un “dueño directo” que además solo busca “un buen inquilino”. Casi un juego de azar, aunque más cerca de la quiniela clandestina que de la lotería estatal, porque no se encuentran avisos formales de propietarios que busquen gente macanuda.

Está siempre más a mano las páginas de internet o recorrer inmobiliarias y escuchar propuestas. Las condiciones las fija el intermediario, como el capataz que subalquilaba piezas en el conventillo. Él me dirá si tengo que pagarle una comisión por su trabajo, me pedirá una seña a condición de verificar si el título de propiedad que conseguí es suficiente, dirá cuántos recibos de sueldo en blanco pretende, y también tendrá un precio con factura y otro sin.

Pero sobre todo me dirá el precio del alquiler, porque solo él decide el precio, y los aumentos que pagaré cada seis meses. Ahí no importa la inflación ni los salarios. Ahí solo importa la renta, lo que debe ganar, y yo entiendo que tiene razón, que lo principal es su ganancia, mucho más que mi necesidad de vivienda.

Y a pesar de todo eso, me aclarará que será mi asesor durante dos años, que se ocupará de cobrarme y de explicarme cuáles son mis derechos. Así, solo así, fue alquilar hasta hace tres años. Alquilar era algo muy privado, casi un secreto que solo conocía el que nos salía de garante.

Pero de a poco fuimos hablando, fuimos gritando y denunciando, entendimos que somos millones en todo el país y entre pocos y pocas en cada provincia hicimos oír nuestras voces, juntamos denuncias y fuimos a la Justicia.

Recién comenzamos. La ley de comisiones inmobiliarias trajo reacciones. Y nos atrevimos a escribir un proyecto de ley para todo el país. Después de treinta años, el Senado volvió a discutir alquileres de vivienda. No es poca cosa.

En 1976 comenzó a dolarizarse el precio de la vivienda. Y dos años después la bicicleta financiera fue tan atractiva, con sus tasas de interés y sus depósitos a plazo fijo, que vivir bien sin hacer nada, o sea vivir de rentas, se convirtió en una cultura aceptada.

Es la primera vez, en 40 años, que los inquilinos decimos lo nuestro. Y nos preguntamos ¿quién fija el precio de las propiedades, quién determina cuánto vamos a pagar al renovar el contrato, quién se hará cargo de las consecuencias sociales que tendrá el alquiler de vivienda que le quita más del 50% de los ingresos a los inquilinos?