La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en Montevideo, Uruguay, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los  jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), una de las entidades impulsoras de la denuncia.

 
La audiencia celebrada en Uruguay fue convocada a pedido de AAL, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Aceiteros, ATE, SUTEBA, Metrodelegados, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre más.
 
“El gobierno ataca a los abogados que defienden trabajadores, a los jueces laborales que tienen el mandato legal de garantizar el principio protectorio, interviene sindicatos y toma como enemigos a aquellos que ejercen la representación colectiva del eslabón más débil del mundo del trabajo”, dijo Cremonte, uno de los oradores de la denuncia argentina ante la CIDH.
 
“Vinimos a  exponer ante esta Comisión  porque en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la “intervención” de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores”, reza al inicio el documento de denuncia que será analizado por la CIDH, órgano de la OEA, que ahora deberá resolver qué medidas adopta en relación a la responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino.
 
“Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los abogados laboralistas son Defensores de Derechos Humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia (..) El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial: ser el puente entre los trabajadores y la Justicia Laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar a la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del Derecho Social”, agrega el documento.
 
La denuncia presentada ante la CIDH está fundada, entre más, en la arbitrariedad de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la justicia; y la criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo; todo en el contexto del anuncio de reformas legislativas y convencionales regresivas.