Crónica de una muerte anunciada
Crónica de una muerte anunciada

A finales del año 2015 decíamos que este plan económico (un eufemismo para denominar un plan de negocios) no cerraba sin represión. Casi dos años después, mientras aún no se había enterrado el cuerpo de Santiago Maldonado, las fuerzas de seguridad dependientes de la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich asesinan a Rafael Nahuel y hieren a otros dos miembros de la comunidad mapuche Lof Lafuken Winkul en las cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
Tristemente confirmamos que los Mapuche representan un obstáculo para dicho plan de negocios, sin duda ante las riquezas de los territorios patagónicos en que se asientan.

La infamia con que los medios de comunicación trataron la muerte Santiago se replica inalterable y bordea nuevamente el ridículo. Así, este asesinato acontecido en un escenario represivo es presentado por el diario La Nación como resultado de “Un virulento enfrentamiento con armas de fuego entre efectivos del grupo Albatros, de Prefectura Naval, y miembros del Lof Lafuken Winkul Mapu, vinculado presuntamente a Resistencia Ancestral (Diario “La Nación”, 26/11/2017)” para luego afirmar que “….el tiroteo…comenzó en la tarde de ayer con pedradas lanzadas por una decena de mapuches ocultos en lo alto de un cerro”. Los funcionarios también aportan mucho a este dislate discursivo obviando que solo las fuerzas de seguridad portan armas con balas de plomo. A pocas horas de transcurridos los hechos, el Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró que Prefectura disparó "hacia los árboles" y no a los mapuches (Diario “el Cordillerano”, 26/11/2017).

La construcción de un "nuevo enemigo interno" (que supuestamente inicia tiroteos tirando piedras a la gendarmería y a la prefectura) es necesaria para justificar el accionar de las fuerzas dependientes del Gobierno Nacional. En línea con esto, los Mapuche son presentados como un grupo radicalizado y violento que atenta contra la integridad territorial de la nación. Luego del allanamiento a la comunidad el pasado 23 de noviembre, niños y niñas fueron precintados y detenidos durante varias horas en la comisaría de la Policía Federal de Bariloche, separados de sus madres y demás familiares, vulnerando las más elementales normas que rigen en un estado de derecho. Las nuevas modalidades represivas traspasan límites antes impensados y ponen en riesgo (como ha quedado claro de acuerdo a los últimos acontecimientos) la vida misma de las personas.

La estigmatización del pueblo Mapuche, el racismo que campea en el tratamiento de los hechos recientes y el desprecio hacia nuestros pueblos originarios constelan una construcción sentido que intenta legitimar la “mano dura” y el “gatillo fácil”. La criminalización de la protesta social no es un discurso elaborado exclusivamente en pos de deslegitimar reclamos de las poblaciones indígenas pero es una de la las practicas usadas con más asiduidad en estos tiempos en que se exacerba la puja por la apropiación de la renta turística, hidroenergética, hidrocarburifera y minera para conculcar sus legítimos derechos. Evidentemente el conflicto por la tierra no es entre iguales ni por el poder que tienen las partes ni por la significación que tiene el recurso. Mientras para algunos es una mercancía que será valorizada por la dinámica especulativa de los mercados para los Mapuche es su medio de vida. Para decirlo claramente: lo que está en juego en esta disputa no es ni más ni menos que su subsistencia.

Queda claro que la puja por la distribución del producto y aquí incluimos particularmente el control y usufructo de los recursos ambientales es la explicación última de los conflictos territoriales que configuran este nuevo escenario signado por la represión y la muerte.

A pesar de la reciente sanción de la prórroga de La ley 26.160 (arrancada al Poder Ejecutivo Nacional por la movilización y la lucha de los pueblos originarios) que declara la emergencia en materia de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, a pesar que esta norma impide la concreción de desalojos hasta tanto se efectúen los relevamientos correspondientes, las políticas del gobierno nacional no apuntan a resolver el problema. Por el contrario, procuran con su intervención que consiste en desatar feroces represiones sobre el pueblo mapuche enervar el conflicto confirmando que es (como comúnmente se afirma) un gobierno de ricos que solo procura favorecer a los ricos.

Es por esto que repudiamos el accionar represivo del Gobierno Nacional y exigimos justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Exigimos el cese de la represión, la criminalización y estigmatización hacia el pueblo Mapuche. Y bregamos por el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios previstos en la Constitución Nacional, las provinciales y locales convenios internacionales (que ha refrendado la Argentina) y restantes legislaciones.