El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade amplió en Comodoro Py su denuncia por las presuntas conductas delictivas cometidas en el trámite de autorización para operar como compañía aérea y el otorgamiento de rutas aéreas a FlyBondi, aportando nuevo material sobre “nuevas y groseras irregularidades administrativas en beneficio de la empresa”.
 
La presentación se basa en “las maniobras desplegadas por el gobierno nacional para autorizar a FlyBondi a establecer su base de operaciones aerocomerciales en la Base Militar de El Palomar”, lo que supone “un enorme problema ambiental, sanitario y urbanístico como lo es el emplazamiento de un aeropuerto comercial en una zona densamente poblada, vecino a varias escuelas, y que pone en peligro miles y miles de vidas".

Uno de los dislates señalados por el legislador es que FlyBondi se había comprometido públicamente a invertir 30 millones de dólares en la remodelación de El Palomar, pero ese dinero finalmente será aportado por el Estado nacional.
 
La denuncia también consigna las numerosas maniobras irregulares cometidas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa para posibilitar la incorporación del aeródromo de El Palomar al Sistema Nacional de Aeropuertos, proceso que culminó con la firma de un decreto en ese sentido por parte del presidente Mauricio Macri el pasado 22 de diciembre.
 
Asimismo, la documentación aportada por Tailhade da cuenta del desconocimiento del tema que muestran algunos de los funcionarios involucrados, como lo muestra que dos funcionarios del ORSNA y el ministro Oscar Aguad hablan en reiteradas ocasiones del “aeropuerto El Palomar”, cuando en realidad se trata de un aeródromo.
 
“Es la historia, en definitiva, de una empresa que con sólo 6 mil dólares de capital, sin aviones, sin seguros y sin poner un solo peso a pesar de los numerosos y falsos anuncios de inversiones, llegó a tener 85 rutas aéreas nacionales e internacionales y un aeropuerto a disposición, al amparo de una actuación notoriamente ilegal de diversos funcionarios del gobierno nacional”, concluye el diputado.
 

La causa está en manos del juez federal Sergio Torres e investiga el fiscal Jorge Di Lello.