Política

La eliminación de la Paritaria Docente Nacional atenta contra la igualdad educativa

Daniel Filmus

Mauricio Macri, a través del recientemente sancionado decreto 52, nuevamente pasa por sobre las leyes vigentes y pretende evitar la negociación federal del salario mínimo que iguala las condiciones de dignidad de maestros y profesores de todo el país. Esta decisión impulsa nuevamente al conflicto docente como parte de una política dirigida a desprestigiar y deteriorar la calidad de la educación con el objetivo de que sólo “caigan” en la escuela pública aquellos que no tienen otra alternativa.

El Gobierno quiere terminar con la vigencia de la paritaria nacional y no cumplir con el texto de la Ley de Financiamiento Educativo. Esta Ley ha sido votada casi por unanimidad en ambas cámaras y apoyada inclusive por el bloque del Pro. El propio ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, defendió con su discurso en el Congreso de la Nación los fundamentos de la Ley en momentos en que se desempeñaba como diputado nacional. La paritaria nacional, no sólo garantizó desde el 2007 hasta el 2016 un inicio de clases con mínimos conflictos, sino que permitió que las provincias más pobres pudieran alcanzar un nivel salarial acorde con la importancia de la tarea docente.

El Gobierno Nacional ha planteado como argumento central de este desconocimiento de la Ley, un argumento falso. Ha afirmado que la Nación no podía fijar los salarios docentes en el país porque no es el empleador, que los maestros y profesores dependen de las provincias. Ello significa que no leyeron el texto de la Ley, o que lo quieren ignorar, ya que la misma es taxativa al enunciar que la negociación salarial con los sindicatos docentes la debe llevar adelante el Consejo Federal de Educación, que es precisamente la representación de los ministros provinciales.

La consecuencia del incumplimiento de la paritaria docente será la desigualdad creciente de los salarios según la capacidad financiera de las provincias y condenará a los docentes de las jurisdicciones más pobres a un ingreso menor y a sus niños y jóvenes a una educación de inferior calidad. Ya nos pasó en los 90 y las consecuencias tuvieron una gravedad sin precedentes. Docentes de las provincias con menores recursos emigraron hacia otras, donde el salario era mayor. Las jurisdicciones con menor capacidad financiera debieron contratar "idóneos” sin título al frente de las aulas en reemplazo de los docentes. Así el deterioro del servicio educativo se profundizó.

Cabe destacar que en el año 2016, el gobierno recién asumido convocó a la paritaria y los docentes aceptaron la propuesta oficial, asegurando un inicio de clases sin conflicto. Por qué no repite el gobierno esta experiencia exitosa?

En el año 2017, en cambio, el gobierno nacional no convocó a la Paritaria. El país vivió un conflicto que significó la pérdida de más de 15 días de clase en las principales jurisdicciones. A partir de allí, el gobierno tomó conciencia de su fracaso en el intento de doblegar y estigmatizar a los docentes y aceptó propuesta salarial de los sindicatos. Sólo se puede entender que el gobierno quiera repetir el conflicto del año pasado, si se entiende que lo que quiere es estigmatizar y culpar a los docentes y sus sindicatos de la incapacidad de las actuales autoridades para mejorar la situación educativa de nuestras escuelas.

Finalmente, el gobierno de Macri, con su política, atenta una vez más contra la posibilidad de igualdad y justicia que representa la escuela pública. Este atropello a las leyes y a los derechos encontrará una firme respuesta en la indestructible alianza entre la escuela, los docentes, las familias y la sociedad toda.

* Daniel Filmus es diputado nacional por CABA Unidad Porteña - Bloque FPV-PJ

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