El proyecto de nueva ley de Ética Pública, impulsado por la Oficina Anticorrupción, buscará -según dicen desde el mismo organismo- una regulación más estricta sobre los conflictos de intereses y el nepotismo, entre otros temas.

 

Triaca y Alonso.
Triaca y Alonso.

 
También se aumentaría la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas.
 
Luego de dos polémicos años de gestión macrista, con puntos oscuros en materia de -justamente- "conflictos de intereses", nepotismo y declaraciones juradas, se buscará aplicar este cambio.
 
El nepotismo resaltó con el caso de la empleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca y en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 sobre "Desburocratización y Simplificación" del Estado emitido en enero pasado por el Poder Ejecutivo Nacional.
 
Según el organismo dirigido por la polémica Laura Alonso, se buscaría prohibir la designación o promoción de "parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o segundo de afinidad, para que presten servicios en la jurisdicción donde el funcionario cumple funciones".
 
Sobre los casos de corrupción, aggiornados con la terminología semántica de "conflicto de intereses" se establecerían estándares más estrictos y obligaciones adicionales a mayor jerarquía. 
 
El presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios con categoría equivalente, deberían desprenderse de sus acciones o "cualquier otro título valor emitido por sociedades anónimas abiertas" o bien "constituir un fideicomiso ciego", en el cual los beneficiarios -en teoría- no tienen conocimiento de las inversiones ni derecho a intervenir en su manejo.
 
En este tipo de vericuetos legales fue donde se apoyó Mauricio Macri cuando asumió. También hay un apartado para la participación en sociedades cerradas. 
 
De aprobarse este proyecto, los diputados y senadores deberán comunicar ante sus cámaras sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones que deban ser tratadas en el recinto.
 
La OA tendría autonomía funcional y sería autárquica en su presupuesto; y su titular sería elegido a través de un mecanismo público y tendría un mandato que duraría cinco años.
 
Para las declaraciones juradas se establece que los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información adicional que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales, como el nombre de padres, hijos mayores y hermanos, socios comerciales y profesionales, entre otras.
 
Además, al funcionario que incumpla con la presentación de su DDJJ inicial o anual se le retendría el 20% de sus haberes. Y quien adeude una presentación al momento de cesar el cargo no podría volver a la función pública durante cinco años.
 
El contenido absoluto puede consultarse en tres plataformas online: Justicia 2020 (https://www.justicia2020.gob.ar/), Consulta Pública (https://consultapublica.argentina.gob.ar/), y la OA (https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion).