El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade denunció ante la justicia federal al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por los delitos de presunto lavado de activos y omisión maliciosa, luego de que una investigación del diario español El País reveló que el funcionario ocultó una cuenta de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.
 

 
El propio funcionario admitió que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar”. Para Tailhade, “en caso de ser cierta la versión de Díaz Gilligan estaría reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que posibilito que el dinero obtenga apariencia de un origen lícito”.
 
“Debe tenerse en consideración que en Andorra regia el secreto bancario, como así también que la empresa británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc” y como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”, remarcó el legislador.
 
Sobre la omisión maliciosa, Tailhade señaló que Díaz Gilligan no declaró la cuenta bancaria ni en sus declaraciones juradas como funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni cuando asumió en el gobierno nacional.
 
“La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, aseguró.
 
La denuncia recayó el juzgado de Claudio Bonadio e investiga la fiscal María Alejandra Mangano.
 
 

EL DETALLE DE LA DENUNCIA

 

 
FORMULO DENUNCIA
 
Sr. Juez Federal:
 
Rodolfo TAILHADE, en mi carácter de Diputado
Nacional del Frente para la Victoria/PJ, con domicilio en
la calle Riobamba 25 (Anexo A), piso 13, oficina 1334, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presento ante
usted y digo:
 
I.- OBJETO
 
Que vengo a interponer denuncia contra el
subsecretario General de Presidencia, Díaz Gilligan
Valentín, en los términos del artículo 174 y concordantes
del Código Procesal Penal de la Nación, en orden a la
posible comisión de los delitos de lavado de activos (art.
303 del Código Penal) y omisión maliciosa (art. 268 (3) del
Código Penal).
 
II. HECHOS
 
Tome conocimiento a través de una
investigación del diario El País de España que “el
 
subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín
Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000
euros) en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre
España y Francia donde hasta el pasado año regía el secreto
bancario. El dinero permaneció en una cuenta en la Banca
Privada d’Andorra (BPA) a nombre de una sociedad, según la
documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Díaz
Gilligan, alto cargo del Ejecutivo argentino que preside
Mauricio Macri, figuró ante el banco como representante de
la empresa y accionista. Sin embargo, el mandatario indica
que los fondos no eran suyos. La cuenta se abrió en 2012,
cuando Díaz Gilligan era asesor del Ayuntamiento de Buenos
Aires. Y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de
2014, cuando el político llevaba un año como director
general de Promoción Turística del Consistorio bonaerense.
La cuenta estuvo a nombre de la empresa británica de
intermediación de jugadores de fútbol Line Action. El cien
por cien de esta firma pertenecía a la mercantil panameña
Nashville North Inc”.
 
Según el mismo diario “Díaz Gilligan
sostiene que el dinero no era suyo y que fue accionista y
director de Line Action por hacerle un favor a un amigo.
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el
favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía
 
figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo
no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba
como autónomo”, indica el subsecretario de Mauricio Macri
en conversación telefónica”.
 
Finaliza la nota expresando que “La cuenta
de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2
millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de
transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el
banco. Díaz Gilligan es vocal del River Plate, de Primera
División” 1 .
 
Ahora bien, como se detallará más abajo,
existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida
y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de
corrupción que ventiló el diario español El País. Asimismo,
no podemos soslayar que en su “defensa” el propio
funcionario admitió que actuó como testaferro de un
empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco
aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía
según la información brindada por las autoridades de
Andorra. Las confusas y autoincriminatorias declaraciones
brindadas a los medios solo aportan más oscuridad a un
hecho de por si grave. La intención del propio funcionario
de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus
 
1 https://elpais.com/internacional/2018/02/15/actualidad/1518719582_422089.html
 
propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de
una verdadera y efectiva investigación, buscando la
impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir
funcionarios corruptos de su espacio político.
 
IV - CALIFICACIÓN LEGAL
 
Que, en razón de lo expuesto, considero que las
conductas descriptas podrían configurar los siguientes
delitos, sin perjuicio de la calificación que V.S.
considere oportuna en virtud de los hechos descriptos.
 
Lavado de activos
Corresponde investigar si la conducta desplegada por
el funcionario público configura el delito de lavado de
activos previsto en el art. 303 del Código Penal. Al
respecto, dispone que “1) Será reprimido con prisión de
tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10)
veces del monto de la operación, el que convirtiere,
transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o
de cualquier otro modo pusiere en circulación en el
mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la
consecuencia posible de que el origen de los bienes
originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un
 
origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de
pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o
por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.
2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un
tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los
siguientes casos: a) Cuando el autor realizare el hecho con
habitualidad o como miembro de una asociación o banda
formada para la comisión continuada de hechos de esta
naturaleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público
que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus
funciones. En este caso, sufrirá además pena de
inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La
misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de
una profesión u oficio que requirieran habilitación
especial. 3) El que recibiere dinero u otros bienes
provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos
aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1,
que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será
reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres
(3) años. 4) Si el valor de los bienes no superare la suma
indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la
pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. 5) Las
disposiciones de este artículo regirán aún cuando el
ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del
 
ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el
hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado
con pena en el lugar de su comisión”.
Como se explicó, el propio funcionario admitió que
“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el
favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía
figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía…”
En caso de ser cierta la versión de Gilligan estaría
reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que
posibilito que el dinero obtenga apariencia de un origen
lícito.
Debe tenerse en consideración que en Andorra regia el
secreto bancario, como así también que la empresa
británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña
Nashville North Inc” y como es de público conocimiento,
este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son
utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el
delito de lavado de activos respecto a otras actividades
ilícitas como corrupción o evasión fiscal.
Más aún –y corresponde reiterarlo- si se consideran
las propias explicaciones del funcionario, quien le expresó
al periodista español que fue “por hacerle un favor a un
amigo” y que “Francisco Casal tenía problemas en su país y
 
me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y
no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía…”.
De ese modo, y conforme a lo expuesto, entiendo que
resulta necesario investigar si el subsecretario Valentín
Díaz Gilligan, como representante y accionista de una
empresa de intermediación de jugadores de fútbol cuyo cien
por cien pertenecía a la mercantil panameña Nashville North
Inc. podría haber cometido el delito de lavado de activos.
 
Omisión maliciosa en la presentación de
declaración jurada de un funcionario público
También de lo expuesto surge que Díaz Gilligan
mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares
ante la antes los organismos de contralor al momento de ser
designado funcionario público y con posterioridad.
Esto a nivel local, cuando se desempeñó como
funcionario en la Ciudad, pero también al momento de ser
designado funcionario nacional, el 16 de diciembre de 2015
mediante decreto 94/2015 fue designado en su cargo, en su
declaración jurada inicial (cuya copia se adjunta) no
declaró la cuenta referida.
La conducta descripta podría configurar la figura
penal prevista en el art. 268 (3) del Código Penal conocida
como omisión maliciosa en la presentación de la declaración
 
jurada de un funcionario público. Al respecto, el Código
Penal dispone que “Será reprimido con prisión de quince
días a dos años e inhabilitación especial perpetua (…) el
que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos
que las referidas declaraciones juradas deban contener de
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.
Debe recordarse que la obligación de presentar
declaraciones juradas tiene fuente constitucional (art. 36
de la CN), ya que se sustenta en la ley de ética pública
(ley 25.188).
Esta ley exige en el art. 4 que: “Las personas
referidas en artículo 5º de la presente ley, deberán
presentar una declaración jurada patrimonial integral
dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus
cargos. Asimismo, deberán actualizar la información
contenida en esa declaración jurada anualmente y presentar
una última declaración, dentro de los treinta días hábiles
desde la fecha de cesación en el cargo”.
Evidentemente, el subsecretario Gilligan omitió
intencional y maliciosamente brindar información sobre su
real situación patrimonial con el claro objetivo de
sustraerse de todo tipo de control por parte de los
organismos públicos y de la sociedad en general.
 
Ha explicado con claridad Donna que “La instauración
del régimen de declaraciones juradas patrimoniales
integrales, tanto al ingreso como al egreso de la función
pública, se presenta como un sano intento por obstaculizar
el enriquecimiento durante el ejercicio del cargo; a igual
tiempo, constituye un medio de prueba más para cercar a
quienes toman provecho de su posición funcional e
incrementar con ello su patrimonio” (“Delitos contra la
Administración Pública”, p. 409, Ed. Rubinzal-Culzoni).
 
V.- PRUEBA.
Se acompaña:
- Copia del artículo periodístico: Un alto
cargo de Macri ocultó un millón en
Andorra.
https://elpais.com/internacional/2018/02/
15/actualidad/1518719582_422089.html
- Copia de declaración jurada patrimonial
integral 2014 de Diaz Gilligan Valentín.
 
VI.- PETITORIO
 
Es por todo lo expuesto que solicito:
1.- Se tenga por interpuesta la presente denuncia en
los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de
la Nación.
2.- Se me cite a ratificar la presente.
3.- Que luego de ello se cite a declarar en los
términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la
Nación al subsecretario General de Presidencia, Valentín
Díaz Gilligan.
 
Proveer de Conformidad

SERA JUSTICIA