Alfredo Astiz fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad y está preso en Ezeiza.
Alfredo Astiz fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad y está preso en Ezeiza.

El genocida Alfredo Astiz podría ser excarcelado debido a que figura en una lista de 1436 presos que se encuentran en condiciones de acceder a "medidas alternativas de prisión", según un informe elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La nómina del SPF incluye a detenidos por delitos comunes y condenados por violaciones a los derechos humanos que podrían acceder a la libertad condicional, vigilada o a un régimen de prisión domiciliaria. El listado fue remitido al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que depende del Ministerio Público de la Defensa. 

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El marino de 67 años figura en un apartado que incluye a quienes padecen enfermedades oncológicas debido a que tiene cáncer de próstata y está preso en el penal de Ezeiza cumpliendo dos cadenas perpetuas por varios crímenes de lesa humanidad. Además del miembro de la patota de la ESMA, en el apartado que elaboró el SPF hay otros siete presos por delitos cometidos en la última dictadura.

Aunque el represor nunca había solicitado una morigeración de sus condiciones de detención, el Tribunal Oral Federal Nº5, que lo condenó en 2011 y en 2017, es el que debería resolver su futuro ante un pedido de Astiz.

El represor fue hallado culpable, entre otros delitos, de los secuestros de la ciudadana argentina de origen sueco Dagmar Hagelin y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, capturadas y desaparecidas junto a un grupo de personas que reclamaba por la suerte de los detenidos ilegales en 1977. 

A principios de marzo, había trascendido otra nómina de 1111 presos pasibles de ser excarcelados, entre ellos 96 condenados por delitos de lesa humanidad. El cura Christian von Wernich, Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Guglielminetti y el “Turco Julián” figuran en ese listado.

Desde el Gobierno argumentan que las listas que elaboró el SPF buscan resolver el problema de la superpoblación que existe en los penales argentinos. Ante esta argumentación, organismos de derechos humanos sostuvieron que por otorgar el beneficio de la domiciliaria a los condenados de lesa humanidad - muchos presos en Campo de Mayo- "no se resolvería el problema de la superpoblación carcelaria".