Juicio por jurado
Juicio por jurado

El juicio por jurado rige como un mandato constitucional desde 1853 inspirado en la Constitución de los EE.UU., la principal fuente del instituto. En la actualidad, el juicio por jurados está vigente también en buena parte de Europa y Latinoamérica. En nuestro país solamente funciona en 4 provincias: Córdoba, Neuquén, Buenos Aires desde 2005 y a partir de este año en Río Negro.

En los primeros años fueron muchos los proyectos de ley presentados al Congreso Nacional, sin embargo nunca fueron tratados. Esto se debió a la conformación del poder político de la época, integrado por miembros de la oligarquía terrateniente, quienes no tenían ningún interés en ser juzgados por el común de la gente, bajo el argumento de la supuesta carencia de una conciencia cívica y el bajo nivel cultural para su implementación satisfactoria.

Los fallos de la Corte Suprema Nacional a comienzos del siglo XX (último en 1947), avalando los juicios sin jurados ante el reclamo de ser juzgados por el juez natural que la Constitución estableció, argumentaban que la obligación del Congreso de implementarlos no era exigible en forma inmediata. A 160 años de la aprobación de la Constitución Nacional no parece tener sustento.

La primera mitad del siglo XX, fue testigo de varios proyectos de juicio por jurado. En esa época jugó en contra de su implementación la fuerte corriente positivista en la criminología argentina especialmente de la escuela doctrinaria italiana. Esta corriente calificaba a los jurados populares como carentes de capacidad técnica y científica, en especial si eran de los estratos sociales más bajos, de donde provenían la mayoría de los seres considerados “peligrosos”. En el período constitucional que se inició en 1983, también hubo varios proyectos para implementar el juicio por jurados.

Los beneficios del juicio por jurados comienzan en que una persona sea juzgada por sus propios pares, reemplazando de esta forma a los jueces profesionales, quienes en su mayoría provienen de estructuras sociales medio-altas, algunos incluso con fuerte influencia de la doctrina positivista.

En su reemplazo la “justicia” provendría de personas con distintas trayectorias y sensibilidades en lugar de proceder de aquellos con un conocimiento especial sobre principios jurídicos, filosóficos y políticos para lo cual es necesario tener una previa preparación académica, a la que tiene acceso una diminuta franja de la población activa.

El derecho es un sistema de resolución de conflictos en una comunidad, por lo que ésta conoce perfectamente qué valores inspiran reglas y cómo deben cumplirse. Las soluciones técnicas que los letrados hemos creados para ese mandato, como el “proceso” sólo pueden ser llevadas adelante por quienes ostentan ese conocimiento. Por ello, los jurados deberían ser los que pueden decir si cumplió o no con la ley, pero no las penas ni garantizar el proceso que corresponde a un Juez.

Siendo la democracia “el gobierno del pueblo” los legisladores, en cuya representación actúan, tiene el deber de introducir el juicio por jurados en la Argentina.


* Sergio Abrevaya, es Diputado en la Legislatura porteña por el GEN. Es abogado, mediador y docente.Twitter: @SergioAbrevaya