Nadia Rojas tiene 15 años. Entre el año pasado y este desapareció tres veces. La primera vez fue en junio de 2017 y fue hallada luego de 32 días, tras lo cual la Justicia ordenó que sea trasladada a la UC2, el centro de refugio para víctimas de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda vez que desapareció fue el mismo día en que estaba citada para declarar en la causa de trata que la tiene como víctima. Fue en agosto de ese mismo año (a los pocos días del ingreso al hogar), y no se tuvo noticias por 20 días. La última vez fue el pasado 4 de abril, y fue encontrada 5 días después.

Nadia Rojas
Nadia Rojas



Nada, absolutamente nada puede justificar que la vida de una niña de 15 años bajo tutela del Estado camine sobre el filo tajante de su propia vida. El borde de algún día no volver. ¿Qué tipo de Estado tan raquítico no puede al menos garantizar con alguna de sus herramientas que una niña se sienta segura?

La respuesta es simple: un Estado ausente.

Nadia estaba viviendo en el hogar convivencial dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los días iba a la escuela en tren, dos estaciones. La última vez no llegó. ¿Qué es lo que pasa en el medio? ¿A quiénes encuentra Nadia y el Estado no? Cada una de las tres veces que Nadia desapareció, todas nosotras, algunas con la suerte de no haber pasado nunca por eso, movemos lo que tengamos al alcance para que su nombre se escuche en todos lados y así protegerla. Sin embargo, una y otra vez, la misma piba no volvió.

La maraña es compleja, ardua, dolorosa. La revictimización de los medios a la que demasiado a menudo son sometidas las tantas Nadias que existen, con sus preguntas perversas, con los “qué tenía puesto” y si le gustaba salir de noche, comienzan la rueda que gira a la velocidad de su status quo.

El contexto general y feroz en que todo aumenta menos el trabajo y los sueldos, es el primero en empujarnos a las mujeres a la marginalidad dejándonos expuestas. La vulnerabilidad de las pibas en situaciones socioeconómicas precarias,  precariza sus vidas.

Y sí, me propongo ser redundante. Las precariza para luego escupirlas a las garras de cualquier sistema que al menos les dé algo. Y ese algo, en el gobierno de Mauricio Macri, es cualquier cosa menos un trabajo que alcance para subsistir.

Luego la rueda sigue y, con suerte, al ser rescatadas o halladas, es la Justicia la que, con poca formación en estas temáticas pero mucha tradición en fallos patriarcales, las manda por ejemplo al hogar convivencial de la Ciudad de Buenos Aires, como a Nadia.

Hablemos entonces de este hogar. La última auditoría que se le hizo constaba, por ejemplo, en verificar que las frazadas sean del mismo color, pero de ninguna manera en verificar las medidas de seguridad que permitan una estadía segura sin huidas a mitad de la noche.

El hogar, que debería tener una ubicación “secreta” para que las víctimas no sean fácilmente localizables, no sólo es vox populi, sino que presenta otras fallas estructurales. Por estos días no cuenta con personal femenino, pero lo que es peor, tampoco cuenta con habitantes.

Probablemente en breve recibamos algún tipo de estadística nacional arrojando grandes titulares como que por ejemplo hubo una reducción importantísima de las personas asistidas por ser víctimas de trata. ¿Cómo es posible? ¿No hay más víctimas? ¿Logramos combatir la trata? No. Lo que no hay son recursos que permitan rescatar a esas víctimas. No hay viandas para que se alimenten. No hay presupuesto, en otras palabras.

De este modo, la Ley de Trata sancionada en 2008, que buscaba al menos instrumentar un Estado que por fin tomara partido por las pibas y no por sus abusadores, queda manco. Impotente. Desguazado.

Mauricio Macri sólo atina a fingir sonrisas delante de cámara posando para el Ni una menos, y a pedir debates maduros sobre una batalla que nunca sintió propia.

Este es el quid de la cuestión. El punto ciego del no-tan-feminista menos pensado.

* Andrea Conde es Legisladora porteña por Unidad Ciudadana. Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura.