Escuchas ilegales: se confirma la impunidad con la que se investigó el caso Maldonado
Escuchas ilegales: se confirma la impunidad con la que se investigó el caso Maldonado
Impunidad es la palabra que explica el presente del caso por la desaparición de Santiago Maldonado. La noticia es que el juez Gustavo Lleral, actual actuante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto del año pasado en una represión ilegal llevada a cabo por la Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ordenó destruir lo audios de las escuchas por considerarlas “reñidas con los derechos constitucionales”.
 
Los damnificados por esas pinchaduras telefónicas fueron la querella y otros testigos. El juez Lleral confirmó este viernes la impunidad con la que el gobierno nacional y la justicia manejaron la investigación desde la desparición violenta de Santiago.
 
Las escuchas fueron realizadas entre 5 y el 22 de septiembre, cuando el juez Guido Otranto –luego apartado de la causa- había ordenado sobre los teléfonos de Sergio Maldonado y varios otros testigos. 
 
La orden fue pedida por la fiscal Silvina Ávila, denunciada en innumerable cantidad de veces por la familia Maldonado.
 
Lleral ordenó destruir los mencionados audios por considerarlos “absolutamente reñidos con los derechos fundamentales y constitucionales".
 
En ese sentido dijo que “ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa". 
 
Además explica que las escuchas se hicieron sobre víctimas y testigos de la querella, es decir, que se decidió investigar a las víctimas y no a los victimarios porque esta modalidad de escuchas no le fue impuesta a los máximos sospechosos de la desaparición forzada de Santiago: la Gendarmería.
 
Con esta decisión de las escuchas, Otranto y Ávila decidieron investigar a la familia Maldonado, a los testigos cercanos a la desaparición de Santiago -como Ariel Garzi, amigo de Santiago; Claudina Pilquiman y Marcela Anarda Stocovaz-, que al Estado, encarnado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, comandante del operativo, y las propias fuerzas de seguridad actuantes.