El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral Jorge Di Lello pidió que se revoque la intervención del Partido Justicialista y se declare la nulidad de todo lo hecho desde que la jueza electoral María Servini tomó dicha decisión, el 10 de abril pasado. Según el funcionario, la medida careció de "fundamentación jurídica" y se basó en cuestiones "arbitrarias".

Barrionuevo
Barrionuevo



Di Lello emitió un dictamen no vinculante para los jueces de la Cámara Nacional Electoral, que ahora quedaron en condiciones de resolver, sin plazos, sobre la intervención el PJ y designar como interventor al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, según el escrito al que accedió Télam.

"Los fundamentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional", argumentó el fiscal federal con competencia electoral.

Para la fiscalía, los argumentos esgrimidos por la magistrada al dictar la intervención son "cuanto menos llamativos", de acuerdo el dictamen con duras críticas a la decisión de Servini.

Además, advirtió que el interventor designado, Luis Barrionuevo, "difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere", teniendo en cuenta que "no resulta ajeno" a las "divisiones" esgrimidas al disponer la intervención.

"Es de público y notorio conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del Partido Justicialista. De este modo, no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas por la Sra. Magistrada", afirmó.

En este sentido, planteó que esa situación le "impediría" a Luis Barrionuevo "llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida, como lo demuestra la manifiesta experiencia histórica al respecto".

En otro orden, el fiscal consideró "inadmisible" que la magistrada no le haya pedido opinión antes de disponer la intervención, y cuestionó que haya habido "nula producción de prueba", con lo cual -postuló- la jueza incurrió en "ausencia de fundamentación jurídica, a la hora de intervenir el partido político con mayor cantidad de afiliados del país".

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