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A días de que arranque en nuestro país el histórico debate por el derecho de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Infonews conversó con Ana Visconti, Médica Ginecóloga y responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay (MSP) sobre el proceso que los llevó a legalizar el aborto en 2013. 

Transcurridos cinco años desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Uruguay presenta un balance favorable y es hoy en día el primer país de América Latina con menor porcentaje de mortalidad materna.

En Uruguay la interrupción voluntaria es legal hasta la semana 12, hasta la 14 en casos de violación y no se contemplan plazos en la edad gestacional en casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o en caso de situación de grave riesgo de salud de la mujer.

Antes de la legalización, se calculaba que en el país se realizaban unos 30 mil abortos al año, “pero eso fue una estimación, porque obviamente como era clandestino no se declaraban, y los únicos de los que nos enterábamos eran aquellos que se complicaban y las mujeres tenían que internarse o cuando por la gravedad morían a causa del aborto”, cuenta Visconti.

Consultada sobre el proceso que llevó a su país a debatir y aprobar la IVE, la funcionaria asegura que “no nació todo desde la ley, sino que se venía trabajando con la disminución de riesgo y daño ya desde 2001. Eso empezó a hacer el camino para que después se estableciera la ley, y te puedo decir. Soy ginecóloga y hago clínica y recuerdo bien que todo se inició en el 2001, a raíz de que empezó a aumentar el número de mujeres que morían por aborto en condiciones de riesgo”. 

“En esa época y años anteriores, lo que sucedía —porque el aborto estaba penalizado y porque las mujeres tenían mucho temor a plantearlo al equipo de salud por miedo a la denuncia— es que  las mujeres no consultaban, ni lo referían tampoco. Morían sin decir que se habían realizado maniobras abortivas por el temor que tenían a la denuncia”, agrega contextualizando las traumáticas vivencias de las mujeres en tiempos de aborto ilegal.

“Fue ahí cuando el Dr. Lionel Briozzo (NdeR: era el subsecretario del Ministerio de Salud Pública de Uruguay cuando en 2012 se aprobó la Ley Nº 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo) comenzó a liderar estas acciones de disminución de riesgo y daño, porque en 2001 se habían muerto 9 mujeres por abortos en condiciones de riesgo. En este país que es tan pequeño, que se mueran 9 mujeres por haberse practicado maniobras abortivas es mucho, ese año hubo 19 casos de muerte materna y 9 eran por aborto en condiciones de riesgo. Fue ahí cuando se empezó a plantear que había que hacer algo para tratar de evitar que se murieran mujeres por aborto en condiciones de riesgo”.

Durante las jornadas de exposiciones en Diputados que se realizaron durante los meses de abril y mayo en Argentina, muchas de las ponencias “provida” utilizaron los datos oficiales del MSP para afirmar que la implementacón de la ley de IVE implicó un aumento de la tasa de abortos en Uruguay. Visconti rompe ese argumento y asegura “el incremento viene descendiendo, estamos entrando en una meseta”.

Si bien es cierto que “hubo un importante aumento durante 2013, que es el primer año del que tenemos registros, cuando se realizaron 7171 abortos y 2014 que fueron 8537. Ahí hubo un importante incremento y después, año a año, ha ido descendiendo ese incremento. De hecho, en 2016 hubo 9719 y en 2017, 9830. O sea que hubo sólo 120 más en el último año”.

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Inmediatamente, la funcionaria manifiesta que “era lo esperado tener un incremento a medida que se fueran implementando los servicios, porque las usuarias fueron conociendo los servicios y tomando confianza entonces fueron accediendo a la interrupción voluntaria del embarazo sin exponerse a condiciones de riesgo, al aborto inseguro”.

Para que el aborto sea legal en Uruguay, además de estar dentro de los plazos antes mencionados, la mujer tiene que entrevistarse en simultáneo con un equipo médico integrado por representantes del área de salud mental, del área social y del área de ginecología.

Este es uno de los requisitos más cuestionados por el movimiento feminista y Visconti entiende que "para las mujeres es incómodo. Es realmente como un tribunal donde tiene que plantear su situación ante tres personas que, además, no son los profesionales de su confianza porque nunca los vieron. Pero eso, en este momento, se tiene que respetar porque es lo que establece la ley. Si no sería penalizado¨.

Para continuar con el proceso tal y como está establecido, luego de realizado el encuentro con los profesionales, la mujer deberá concurrir a una nueva cita médica donde el ginecólogo realizará el procedimiento con pastillas de misoprostol con mifepristona. Finalmente, días más tarde deberá concurrir a una última consulta donde se constatará la interrupción definitiva del embarazo y que su vida está libre de riesgos. 
 
Otro de los cuestionamientos de las mujeres es la objeción de conciencia. En dichos casos, “el médico tiene que plantear que él es objetor de conciencia y derivarla a un médico no objetor".
 
Muchos de los casos de objeción de conciencia tienen que ver con creencias religiosas, y a pesar de que se trata de un país laico, Uruguay debió enfrentar a la Iglesia para que las mujeres puedan ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo.
 
“Desde el punto de vista religioso hubo y hay acciones que obviamente no están a favor de esta ley. Cuando apenas salió, hubo un intento de llamar a plebiscito, pero no se lograron las firmas necesarias”.
 
Luego, ”el decreto reglamentario fue impugnado. A los meses de reglamentado, un grupo de ginecólogos impugnaron once artículos del decreto reglamentario y el tribunal contencioso administrativo falló a favor de anular parcialmente siete artículos y hubo que adecuar toda la normativa del decreto reglamentario en respuesta a ese fallo”.
 
A pesar de estos contratiempos y gracias a la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Uruguay se convirtió en el país con menor mortalidad materna en América Latina, la región con más abortos del mundo.

Por eso, en Argentina las mujeres necesitamos aborto legal, en el hospital.