La legalización del aborto es justicia social
La legalización del aborto es justicia social

La autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos debería ser un derecho inalienable, como ha sido y es efectivamente para nosotros, los hombres.


No sólo se trata de legitimar este derecho históricamente vedado de autodeterminación, sino que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar los medios sanitarios de manera equitativa.


Hoy podemos decir que la penalización del aborto es exclusiva y excluyente porque se aplica solo a mujeres pobres que viven esta situación traumática en plena clandestinidad: casas no preparadas para las prácticas y baños públicos, en los que la sentencia que tienen es inmediata y sin juicio previo: La muerte.


Las mujeres de clases medias y altas reemplazan esa ilegalidad por ilegitimidad porque ellas sí acceden al aborto con un mejor trato o de una forma menos traumática.


En cualquiera de los dos casos, el aborto sucede.


Uno de los roles fundamentales del Estado es la preservación de la salud integral de los habitantes del pueblo argentino, y la de los gobernantes, representar los intereses que garantizan el bienestar de la mayoría de la población.

Cuando hablamos de justicia social, nos referimos a la búsqueda de la igualdad.


Se trata de evitar las muertes de aquellas quienes se ven obligadas a realizar esta práctica en la clandestinidad y de terminar con la inequidad que supone que una mujer que puede pagar un profesional en el ámbito privado interrumpa su embarazo, y que una mujer que no cuente con esos recursos deba poner en riesgo su vida y su salud.


No podemos desconocer que los abortos se hacen en nuestro país ni las consecuencias fatales que acarrea la ilegalidad de esta práctica para las mujeres pobres.


Por eso es importante que mis colegas puedan tener en cuenta que no se trata de decidir “aborto sí o aborto no”. Las mujeres han abortado siempre y lo seguirán haciendo.


Debemos escuchar y también observar lo que está pasando fuera del Congreso. Nunca una ley movilizó tanto a las mujeres de todas las clases sociales, identidades políticas, edades y profesiones. Hay una necesidad vital expresándose en las calles.


El Estado no debe estar ausente en esta cuestión de salud pública. Tiene que asumir su responsabilidad de garantizar los medios sanitarios de manera equitativa y garantizar el aborto legal, libre y gratuito.


Esperamos que mañana los legisladores nacionales puedan votar dejando de lado sus creencias personales y conviertan en ley este reclamo histórico de las mujeres.

*Santiago Roberto, abogado y legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Bloque Peronista. Twitter: @sroberto_ok