La Fiscalía Federal de Tartagal solicitó que se investigue a efectivos de la Policía Federal Argentina que fueron denunciados por maltratar, golpear y robar elementos de alto significado espiritual a miembros de una comunidad originaria wichí en el nordeste de Salta.

El 28 de junio pasado, efectivos de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina -se investiga si además participó otra fuerza de seguridad nacional o provincial- arribaron al lugar con el objetivo de cumplimentar una orden de allanamiento solicitada a través de un exhorto por el Juzgado Federal N°12, Secretaría N°24 de la CABA. Dicho procedimiento había sido requerido en el marco de una causa en la que se investigan falsificaciones de documentos públicos en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente guías forestales de las firmas “Finca Las Colmenas”, “Tierra Vasca S.A.”, "Tropical Bushes S.R.L.”, “Entrecomex Global S.R.L.”, “Winner Internacional S.R.L.” y "Regional Wood S.A.”.

El titular de la Fiscalía Federal de Tartagal, Carlos Hernán García, solicitó que se investiguen presuntas agresiones y maltratos hacia integrantes de la comunidad "La Avispa", ubicada en el nordeste de la provincia de Salta, donde residen aproximadamente ocho familias pertenecientes a la etnia Wichí.

Los testimonios recogidos en la Fiscalía coinciden en que la fuerza de seguridad actuante "maltrató a los miembros de la comunidad, que algunos fueron detenidos mientras se realizaba el procedimiento, que les apuntaron con armas de fuego, que no les explicaron el motivo por el cual estaban allí, y que muchos de los pobladores de la comunidad huyeron a comunidades cercanas por el miedo que les causó el despliegue de la fuerza policial y las agresiones recibidas por los efectivos que ingresaron al lugar". Los efectivos llegaron hasta el paraje en una camioneta Traffic blanca y otra del tipo 4x4, mientras que un helicóptero sobrevolaba el lugar.

La Fiscalía Federal de Tartagal dio intervención a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de Andrea Pochak, en virtud de la problemática indígena que caracteriza al objeto procesal que se investiga en las presentes actuaciones.

Robaron patrimonio cultural

En su requerimiento de instrucción, el fiscal federal García requirió la producción de una serie de medidas de pruebas tendientes a dilucidar los hechos y a sus responsables. Asimismo, solicitó al Juzgado Federal de la jurisdicción que arbitre los medios necesarios para disponer la inmediata devolución del "manto sagrado del cacique". La pieza, consistente en una piel de tigre yaguareté, posee una enorme relevancia espiritual, cultural y ancestral para los miembros de la comunidad y fue secuestrada durante el procedimiento cuestionado sin explicación o motivo alguno. El representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido en base al derecho de los pueblos indígenas a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral.

El patrimonio cultural “es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su visión del mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras”, consignó García.

En esa línea, indicó que la Corte IDH tiene dicho que el derecho a la identidad cultural "es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática". En su escrito, la Fiscalía remarcó que el manto sagrado forma parte de la vida diaria, cultural y ancestral de la comunidad, consideró que el mismo integra su identidad cultural, razón por la cual debe ser devuelto de manera urgente, conforme a lo prescripto en el art.75, incisos 17 y 23 de la Constitución Nacional; en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; el art. 5, inciso a del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (ratificado por ley 24.071) y el art. 1 de la Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (ley 23.302).

El allanamiento en cuestión estaba dirigido hacia la “Finca Balbuena” en el departamento Gral. San Martín y no hacia la “Comunidad La Avispa”. En virtud de ello, la Fiscalía requirió que se encomienden a Gendarmería Nacional los estudios de planimetría necesarios para determinar si la comunidad se encuentra dentro de la mencionada finca o en sus adyacencias y, en este último caso, se precise la distancia