Sociedad

"¿En qué se la gastan?": medios populares denuncian "ahogo financiero" por parte del Estado

Las redes de medios comunitarios advirtieron que el Ente Nacional de Comunicaciones, presidido por la radical Silvana Giudici, retiene los fondos de fomento para el sector establecidos en la Ley 26.522. "Estamos pasando todo tipo de penurias", aseguraron.

Los medios comunitarios le preguntan al Enacom de Giudici en qué se gasta la plata que por ley debe fomentar al sector.
Los medios comunitarios le preguntan al Enacom de Giudici en qué se gasta la plata que por ley debe fomentar al sector.

Los medios comunitarios volvieron a denunciar que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) retiene los fondos de fomento, establecidos en la Ley 26.522, condenando al sector a un momento crítico y reduciendo las voces en los medios de comunicación.

"¿En qué se la gastan? El Enacom adeuda cientos de millones a los medios comunitarios", se titula el pronunciamiento que publicaron este viernes las redes de medios comunitarios agrupadas en el espacio Interredes – Farco, Conta, Amarc, Rnma y Red Colmena.

El comunicado señala que el organismo, ahora presidido por la radical Silvana Giudici, “ahoga financieramente a los medios de comunicación populares” y describe la desesperante situación que atraviesan.

"En lo inmediato son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concursos de 2017, que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse 300 millones que corresponderían a los concursos 2018, ni siquiera abiertos a poco más de tres meses de finalizar el año, cerca de 25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015, y otros varios cientos entre la sub ejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley", reclamaron. 

En ese sentido, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), Pablo Antonini, advirtió que la “preocupación se acrecienta” ya que “los proyectos de comunicación comunitarios y de pueblos originarios estamos pasando todo tipo de penurias, mientras el gobierno retiene y se queda para sí los fondos establecidos por ley”.

Antonini explicó que el Estado está incurriendo en un delito en este caso. "No es un subsidio que puedan elegir otorgar o no sino que es un fondo de fomento que deviene de un impuesto de asignación específica. Es decir, no pueden no utilizarlo, y utilizarlo para otra cosa es un delito”.

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