La Justicia ordenó a tres empresas de colectivos incorporar un 30% de mujeres entre sus trabajadores y reconoció que existió discrimicación de género con aquellas que solicitaron empleo como choferes en las mismas. 

La demanda fue iniciada por Érica Borda, que luego de perder su trabajo 2010 como chofer en la línea 140 no logró conseguir el mismo puesto al presentarse en otras empresas del rubro. A través de un recurso de amparo, la Defensoría General de la Nación brindó patrocinio jurídico tanto en el reclamo individual como en una acción colectiva con el fin de cuestionar la "discriminación estructural en el acceso al empleo por motivos de género".

Según la jueza Graciela González "la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares". También aseguró que está probada la discriminación de las mujeres en el puesto de conductora de las unidades de transporte.

La sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones alcanza a tres empresas del área metropolitana de Buenos Aires, ellas son: Transporte Escalada SAT de las líneas 169 y 175, Transportes Avenida Bernardo Ader de la 130 y Los Constituyentes S.A.T. a cargo de la 78.

Además, la Justicia dispuso que el Ministerio de Trabajo de lugar a la sentencia en el momento de renegociar los convenios colectivos de trabajo.