Misiones prohibió el uso de glifosato y otros plaguicidas en los ejidos urbanos de toda la provincia y reguló su aplicación también en zonas rurales para preservar al medio ambiente y los seres humanos de las consecuencias tóxicas de estas sustancias. 

La norma sancionada anoche contó con un amplio apoyo de la llamada Cámara de Representantes de Misiones, el único cuerpo legislativo que posee esa provincia. El texto fue elaborado por el legislador misionero Martín Sereno del Partido Agrario y Social y líder del Movimiento Evita en tierras coloradas.

La ley en su artículo 1º prohíbe el uso del glifosato, sus componentes y afines “en los ejidos urbanos del territorio provincial; comunidades de pueblos originarios; establecimientos educativos y sanitarios cualquiera sea su denominación o rango; Reservas Naturales de cualquier tipo y denominación ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas; centros turísticos; cursos de agua dulce que proveen para consumo humano o su utilización para la producción agrícola ganadera”.

Asimismo, en el artículo 2 se prohíbe también "la inoculación y/o fumigación mediante la utilización de aeronaves o medios análogos, de plaguicidas u otros químicos de naturaleza biocida, además de los que se encuentren prohibidos por normas nacionales o internacionales, en todo el territorio provincial".

Se calcula que los plaguicidas son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, de las cuales el 99% se produce en países en desarrollo.

Dado que la norma implica renunciar al sistema de agricultura intensiva dependiente de plaguicidas que da beneficios en el corto plazo, la ley entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2020 para dar tiempo al sector primario a cambiar su modo de producción hacia uno más amigable con la naturaleza y el ser humano. Para acompañar a los productores y las productoras en esa transición, la normativa prevé que el Estado les brinde capacitaciones y despliegue campañas de concientización. 

En los fundamentos del proyecto se hace referencia a pruebas científicas y posicionamientos por parte de organismos internacionales respecto a la no inocuidad de estos plaguicidas, fundamentalmente el glifosato, que atentan contra la salud de poblaciones.
 

Entre los antecedentes, el diputado Sereno mencionó el informe 2017 de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación del Consejo de Derechos Humanos, en cuya introducción enuncia: “Los plaguicidas, que se han promovido de manera agresiva, generan preocupación a nivel mundial en lo concerniente a los derechos humanos, y su utilización puede tener consecuencias muy perjudiciales para el disfrute del derecho a la alimentación. Se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga o a regular el crecimiento de las plantas. Se calcula que los plaguicidas son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, de las cuales el 99% se produce en países en desarrollo”.