Héctor Reyes Corvalán, campesino santiagueño murió ayer en Tucumán después de haber protagonizado la última de sus protestas el pasado 12 de octubre fecha en la que, al parecer, cada año exige sangre de pobladores rurales. Su nombre se suma a la larga lista de muertos por defender el derecho a vivir en y de la tierra en Santiago del Estero, la provincia con mayor número de campesinos quienes, también, ostentan el mayor nivel de organización y conciencia.

A la luz de una resolución de la jueza actuante en la que suspende lo que ya está hecho y que provocó la muerte del campesino ¿Este se incendió en vano o su sacrificio máximo anticipará otras injusticias? ¿La magistrada llevará esa muerte en su conciencia?¿Qué habrá del empresario cordobés que desde el 2012 intenta hacerse con esas tierras?


Corvalán se inmoló en un acto de máxima impotencia política porque ya no le quedaban recursos para impedir que pasara lo que pasó, el desalojo, la destrucción de sus bienes, la dispersión de sus vacas, la matanza de sus perros. Lo hizo después de haber denunciado infinidad de veces al empresario Quesada, cordobés, que lleva años intentando echar a los pobladores de esa parte del noroeste santiagueño.


¡Qué aleccionador procedimiento que ordenó la jueza María Cecilia Paskevicius a cargo del Juzgado Civil de Tercera Nominación!
La misma que el 17 de octubre último, después del repudio generalizado por la gravedad de los hechos sacó otra resolución en la que “suspendo definitivamente la ejecución” de la medida, que ya se había ejecutado, pide la resolución “pacífica” del conflicto, ahora con un muerto, e impide a las partes ingresar al predio.


Las denuncias de los organismos como la Mesa Provincial de Tierras, de larga trayectoria en Santiago del Estero apuntan contra la magistrada y sus ejecutores materiales: el oficial inspector José Francisco Corvalan, el oficial ayudante Leonel Moreno, Cabo 1ro Roberto Corvalan, el agente Roldan y otros, en total unos diez (10) policías quienes junto al oficial de Justicia Luis Rodolfo Scillia. El empresario Néstor Quesada fue con dos camionetas y personas a su cargo. Todo un pelotón para atacar a un campesino y a su familia en el monte de Pampa Suncho.


“La justicia santiagueña es la que menos entiende la complejidad en el conflicto por las tierras que hay en esta provincia. Encarna los planteos más conservadores. La jueza ordena el desalojo y la policía lo ejecuta. La jueza no entiende, no quiere entender y tiene una postura tomada en el conflicto por las tierras. Sólo las muertes visibilizan” dijo a Infonews una fuente local.


En la disputa por 272 hectáreas en Suncho Pampa la justicia falló en contra pero en toda Santiago del Estero hay una veintena de casos con sentencias de desalojo que no se están ejecutando y es por eso que la Mesa de Tierras y las organizaciones campesinas piden la inmediata suspensión de los desalojos.

*La autora es periodista, especialista en Pueblos Indígenas, Socioambiente y Campesinado. Twitter: @Albafwa