Policía de la Ciudad
Policía de la Ciudad

 

El juez contencioso administrativo de la Ciudad Roberto Gallardo hizo lugar a una medida cautelar y decretó la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que habilita a las fuerzas de seguridad a tener más facultades para el uso de las amas de fuego.

La decisión del juez de la Ciudad es para que el Gobierno porteño se abstenga de aplicar la resolución en dicho ámbito. 

El magistrado hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

En su demanda, segñun detalló La Izquierda Diario, las representantes de organismos de derechos humanos indicaron que "la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales", por lo que solicitaron "con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución".

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich elaboró un nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad del ámbito federal que modifica la normativa sobre el uso de armas de fuego y que en uno de sus artículos permite que la Policía dispare contra la persona que huye.

A través de la resolución 956/2018, la funcionaria creó el "Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad".

En el artículo 5, inciso F, se señala, entre otras situaciones, que se podrá hacer uso del arma de fuego cuando la persona "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves".

El nuevo protocolo causó rechazo en buena parte del arco opositor y en organismos de Derechos Humanos y asociaciones antirrepresivas que salieron a exigir su inmediata derogación.