Campo de Mayo: la Justicia pidió informes al Gobierno por la "reserva ambiental"
Campo de Mayo: la Justicia pidió informes al Gobierno por la "reserva ambiental"

La Justicia Federal de San Martín ordenó a a la Dirección de Sitios de Memoria que depende del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que informe sobre “la posibilidad de convertir el predio donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como El Campito en un sitio de memoria”.

La decisión de la jueza Alicia Vence, quien tiene a su cargo la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos en el lugar, respondió así a un pedido que habían formulado medio centenar de nietos restituidos nacidos en la maternidad clandestina de Campo de Mayo junto con otras víctimas y familiares preocupados por la decisión del gobierno de convertir parte de la guarnición militar en una “Reserva ambiental de la Defensa”.

La magistrada ordenó además al Ministerio de Defensa que le anticipe la realización de cualquier obra que implique una “remoción del suelo” para evaluar la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense, ya que permanecen desaparecidos miles de secuestrados que pasaron por los centros de tortura del Ejército que funcionaron allí.

Por último, le recordó a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario su obligación de desmalezar mensualmente el lugar.

“Es una decisión que valoramos mucho porque venimos pidiéndole a la Secretaría de Derechos Humanos que preserve adecuadamente el espacio de Campo de Mayo y que se avance en algún tipo de sitio de memoria”, expresó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, respecto de la resolución judicial, según consignó el diario Página/12.

“Los familiares y víctimas no sólo queremos que se preserve el lugar por su valor probatorio sino también que se tome conciencia acerca de los crímenes de lesa humanidad perpetrados allí”, manifestaron las víctimas en una carta que entregó la nieta restituida Lorena Battistiol tras declarar sobre la desaparición de sus padres.

Además de las presentaciones judiciales, al conocerce la iniciativa del gobierno macrista los organismos de Derechos Humanos habían acudido a la ONU, más específicamente al "Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias" y al "Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Naciones Unidas, solicitándoles que intervengan para detener el proyecto que afecta la Memoria sobre el terrorismo de Estado.